El aumento en el número de asesinatos de mujeres en la entidad reenciende los focos rojos para las asociaciones civiles en Quintana Roo, donde en lo que va del año se han registrado 20 muertes violentas de mujeres, con tres casos en la última semana.
Para los representantes de diversos organismos civiles, se resta importancia al fenómeno y se tiende a revictimiza a las víctimas, lo que coloca al estado en una situación de emergencia social.
Celina Izquierdo Sánchez, secretaria técnica del Observatorio de Violencia Social y de Género en Benito Juárez señaló que no hay una verdadera conciencia sobre el tema, principalmente porque las políticas públicas para atender la violencia de género fueron abandonadas durante 12 años y hoy se tiene una década de rezago en la investigación de los casos por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
“La alerta de género”, expuso, “no es un asunto que pueda resolver el problema en un corto plazo, cuando tenemos generaciones que han crecido con una normalización de la violencia”.
Aunado a ello, “no hay una declaratoria de feminicidios, se les resta importancia, no se investigan y no se castigan como tal al no tipificar correctamente el delito”, puntualizó.
Pero la situación empeora, porque se está victimizando a las mujeres que fallecen en condiciones violentas ligándolas al narcotráfico como una salida fácil.
Izquierdo Sánchez cuestionó la falta de capacidad y capacitación del personal, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, por lo que se sigue actuando sin aplicar el protocolo de feminicidios, fenómeno que está alcanzando niveles de problema de salud pública.
Por su parte, Rosa María Márquez, presidenta de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos dijo que el estado y los tres niveles de gobierno han sido rebasados por este tema, que alcanzó una situación de emergencia.
“No hay quien dé una respuesta concreta, no pasa nada, desmienten las pruebas contundentes”, señaló.
Reconoció que la falta de recursos humanos, materiales y económicos hace prácticamente inoperante a la Fiscalía General del Estado, puesto que no hay financiamiento suficiente por parte de la federación para atender los casos rezagados y abordar correctamente el problema.
Con ello, la Alerta de Violencia de Género resulta prácticamente fallida, mientras las acciones de la mesa de seguridad se han convertido en un “Club de Tobi”, pues no existen cifras ni acciones concretas.
FUENTE: LUCES DEL SIGLO
