Con el objetivo de fortalecer los operativos de búsqueda de personas desaparecidas en el estado y garantizar mayor transparencia en las acciones gubernamentales, el Colectivo Verdad, Memoria y Justicia de Quintana Roo ha presentado una iniciativa de ley que busca mejorar la coordinación entre las autoridades y las familias de las víctimas.
Dicha propuesta surge en respuesta a la falta de eficacia en los operativos de búsqueda y la limitada accesibilidad a la información por parte de los familiares de las personas desaparecidas.
Según el colectivo, estas deficiencias han generado desconfianza en las instituciones y han dificultado el acceso a la justicia para quienes han sido afectados por la desaparición de un ser querido.
La iniciativa contempla la creación de protocolos específicos que regulen la actuación de las autoridades en operativos de búsqueda, asegurando la correcta aplicación de criterios técnicos y científicos en la localización de personas.
“Hay muchas dependencias que tendrían que estar involucradas para dar respuesta a los padres y madres buscadoras y no lo hacen, lo que pedimos es que es que haya realmente un compromiso por parte de las autoridades tanto en las diligencias como otras cuestiones que debemos atravesar”, comentó Romana Rivera, presidenta del colectivo.
De acuerdo con la organización, la legislación también establece la obligatoriedad de la participación de familiares y expertos independientes en los operativos de búsqueda, garantizando que sus voces sean escuchadas y que las investigaciones se realicen con enfoque humanitario y de derechos humanos.
Integrantes del colectivo han expresado que esta iniciativa representa un paso crucial para atender la crisis de desapariciones en Quintana Roo, ya que busca cerrar las brechas de impunidad y omisión que históricamente han obstaculizado la búsqueda de personas desaparecidas en la entidad.
“Si bien es cierto que a nivel nacional hay una ley de desaparición forzada, esta iniciativa de ley busca que el enfoque tanto de los jueces, como los servidores públicos, tengan una mayor responsabilidad y también las víctimas tengan conocimiento pleno de nuestros derechos, porque se han violado muchos derechos, por ello es importante”
Se espera que, en caso de ser aprobada, contribuya significativamente a la mejora de los operativos de búsqueda y al fortalecimiento del derecho de las familias a la verdad y la justicia.
