La alcaldesa Juanita Obdulia Alonso Marrufo remitió a la Fiscalía General del Estado (FGE) la responsabilidad por los hechos de violencia y el crecimiento de los delitos de alto impacto en Cozumel, y aseguró que se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno.
La edil se negó a responder sobre los resultados del convenio firmado con la Secretaría de Marina (Semar) para apoyarlos en materia de seguridad y que supuestamente tenía como objetivo detener una racha creciente de asesinatos.
De igual forma, evadió responder al cuestionamiento de cuántos grupos criminales operan en la ínsula y generan la violencia en el municipio que gobierna y en el que ahora busca la reelección, pero aceptó que hay una pugna entre ellos, aunque se negó a decir cuántos y cuáles son sus orígenes.
Por su parte, el regidor Juan Carlos Góngora Aké calificó de “gobierno fallido” el de Juanita Alonso, quien en campaña prometió recuperar una seguridad supuestamente perdida, pero que a la postre ha empeorado dramáticamente.
“En el gobierno anterior solo tuvimos cinco ejecuciones, llevamos 31. No cumplir los compromisos de gobierno también es corrupción”, recalcó para después señalar que la alcaldesa y los miembros de la Mesa de Seguridad son omisos e incompetentes.
En tanto, el Legionario de Cristo y párroco de la Iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, Juan José Soto Castro, lamentó el ambiente de violencia que vive en este momento la isla y exhortó a las autoridades a cumplir con la ciudadanía.
“Me preocupa que Cozumel se esté acostumbrando a sumar muertos” (sic).
En entrevista banquetera y obligada se cuestionó a la presidenta municipal del Pueblo Mágico de Cozumel sobre cuál serían las acciones a seguir luego del asesinato de una mujer en la colonia Flores Magón la noche del 8 de febrero.
Fiel a su estilo y sin aceptar la responsabilidad que le atañe como la primera autoridad de la isla, deslizó el curso y responsabilidad de las investigaciones a la FGE.
Al insistirle sobre el papel de la dirección de Seguridad Pública y de su gobierno y en la Mesa de Seguridad, se contradijo y recalcó que solo coadyuvan en ese espacio, así como en las investigaciones y cateos.
Afirmó que ha solicitado al fiscal general la atención a los casos de ejecuciones en Cozumel y que la respuesta ha sido que están trabajando en ellos. Más tarde, Juan Carlos Góngora habló de que al acumularse 31 ejecuciones, contadas de octubre de 2021, la ciudadanía espera respuestas.
“Esto ya no se puede parar y desde que la situación tomó tintes alarmantes solicité que el entonces director de Seguridad Pública, Rodrigo Rodríguez Peña, fuera destituido, pero la alcaldesa lo mantuvo en el puesto y al momento de su retiro se contaban 12 ejecuciones. Luis Alberto Taylor González ya suma 19 de los 31 asesinatos y mi postura es la misma porque su estrategia no ha funcionado”, puntualizó el doctor.
Antes de concluir la charla, puntualizó que la situación empeora cada que ocurre un evento de esta naturaleza, porque no hay nadie, ni un integrante de la Mesa de Seguridad que salga a dar la cara y se haga responsable de la mala estrategia y peores resultados.
