La empresa Calizas Industriales del Carmen (Calica) no logró invalidar las órdenes ambientales que abrieron y cerraron temporalmente sus instalaciones para las diligencias de inspección forestal y ambiental del Tribunal Arbitral Internacional, del 18 al 20 de julio de 2023.
Una batalla legal de la subsidiaria del gigante estadounidense Vulcan Materials culminó con un revés legal luego de seis meses, cuya derrota se suma a otras con las que intentar revertir la clausura temporal total de obras y actividades de aprovechamiento extractivo de roca caliza por debajo del manto freático impuestas el 5 de mayo de 2022.
En la sentencia del juicio de garantías 33167556 del Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo se dejó en el mismo estado que comenzó la impugnación legal contra la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
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El recurso fue contra la supuesta ilegalidad de la orden de inspección PFPA/4.1/2C.27.5/024/2023 de la directora general de Impacto y Zona Federal Marítimo Terrestre.
El levantamiento de la medida de seguridad ambiental fue al predio “La Rosita” (con superficie de 882.13 hectáreas), para comprobar la falta de cambio de uso de suelo forestal y los daños ambientales, mientras que en “La Adelita” y “El Corchalito” para comprobar esas mismas afectaciones.
A la dependencia se le acusó también de notificar oralmente la ejecución de la diligencia ordenada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), enmarcada en la orden procesal 8 que forma parte del expediente ARB/19/1.
El procedimiento del organismo dependiente del Banco Mundial resolverá si la empresa ocasionó un daño medioambiental irreparable en el municipio de Solidaridad.
La compañía denunció igualmente que le condicionó la presencia de tres representantes legales y seis testigos para atender tres diligencias repartidas equitativamente en cada procedimiento simultáneo.
Y que los inspectores rehusaron notificar las diligencias en materia de impacto ambiental, a pesar de que contaba con un representante y los dos testigos exigidos.
Aprovechó también para impugnar la validez de la orden que le impide tener acceso libre al interior del predio para asegurar las condiciones de seguridad, limpieza, mantenimiento y equilibrio ecológico, pero eso se debate en otro amparo.
En los tres días que duró el procedimiento se le levantó la medida de cierre y se retiraron los sellos de clausura, y al término de cada día se colocaron nuevamente para mantener vigente la sanción ambiental.
El cierre de las instalaciones extractivas tiene su origen cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia “mañanera” del 2 de mayo de 2022 ordenó la inspección y se ejecutaron dos visitas, una en materia de impacto ambiental y otra de tipo forestal.
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La clausura temporal se validó por carecer de autorización y por el impacto ambiental que ocasiona al medio ambiente, el 5 de mayo siguiente.
Con la participación del organismo internacional se solucionará el conflicto entre el gobierno mexicano y la empresa a través de la conciliación y el arbitraje, respecto a los tratados de inversión, contratos y legislación.
La controversia jurídica fue interpuesta por el gigante estadounidense Vulcan Materials que reclama al gobierno de México una compensación económica por mil 900 millones de dólares.
Calica —que cambió su razón social a Sac-Tun— sostiene que se le han hecho acusaciones falsas, “que ponen en duda su compromiso con el medio ambiente y con México”.
Como parte de los supuestos esfuerzos de sostenibilidad en Quintana Roo, ha negado que se haya realizado una devastación de la zona de manglares y operado ilegalmente en México, y que cuenta con la propiedad legítima de cuatro lotes y sus respectivas reservas.
Los reclamos de la compañía han escalado a otros juicios de amparo, pero sin lograr medidas cautelares ni sentencias favorables, lo que combate ante instancias judiciales superiores.
Fuente: Luces del Siglo
