REDACCIÓN MACRONEWS POR RENAN MOGUEL.- Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Legislativo Ciudadano, aseguró que la modificación a La Ley de Movilidad que se propone deja mucho que desear, debido a los múltiples intereses que ocasionan que, al final, el ciudadano no se vea beneficiado.
Aseveró que todo el proceso que se realiza tiene la marca de la casa, el gatopardismo, mucha actividad, reuniones diversas, difusión, cambio de conceptos, pero en el fondo las propuestas siguen iguales, mantener el sistema que ha venido construyéndose y operando durante varios sexenios
para beneficio de unos cuantos grupos.
Dijo que en la sesión del día 20 de abril, se ingresó al pleno de la XVII Legislatura la propuesta de modificación a la Ley de Movilidad que remite el Poder Ejecutivo del Estado, la cual habrá de sumarse a varias propuestas que están en el seno de las comisiones que están revisando estas iniciativas.
Sin embargo, que esa iniciativa no se muestra en los archivos de la sesión de ese día, ni tampoco en el portal de la Gaceta Parlamentaria, lo que genera dudas, de si es la que se llegó a los acuerdos en las mesas de negociación entre las partes convocadas.
Galaviz Ibarra explicó que entre “las adecuaciones” que se encuentran en el documento se encuentran: regular la actividad de los medios de movilidad del sector privado en la misma forma que los del sector público, no se entiende que los transportes privados de uso comercial están dentro de otro contexto constitucional normativo; y los medios de transporte público al servicio del publico ahora están dentro de nuevos esquemas de mercado de oferta y demanda y no solo del modelo de uso concesionado.
Además, que el citado principio de poner piso parejo a las concesiones y a los permisos no se observa en el cuerpo normativo, porque a los permisos de transporte mediante una plataforma digital se les condiciona a que el propietario del vehículo sea quién opere la unidad en contra de que a los concesionados no se les pone dicha situación.
Ahondó que a los propietarios de las unidades de operación en plataforma digital solo pueden tener una unidad y, en contra, se sabe desde hace tiempo que las concesiones de unidades de taxis son frecuentemente flotillas propiedad de personas e incluso de funcionarios y exfuncionarios públicos.
Aunado que, si bien se establece que las unidades de taxis deben de incorporar un taxímetro en su operación, se alarga su aplicación hasta un máximo de dos años, es decir pasando el proceso electoral.
Incluso, en el cuerpo normativo de la propuesta de iniciativa de la Ley de Movilidad señala en su artículo 150 bis que los vehículos que estén usándose mediante la plataforma digital deberán de tener su geolocalización conectada en tiempo real con el C5, pero en los taxis con concesión este principio no se aplica.
