El Observatorio Ciudadano interpuso una denuncia formal contra la XV Legislatura del Congreso del Estado, contra su Gran Comisión y su Oficialía Mayor, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, por el presunto delito de peculado y uso de recursos públicos para fines electorales, al haber, en dos años, gastado cerca de 200 millones de pesos en “ayuda social”, a menudo a favor de militantes de partidos, sindicalizados o incluso beneficiando al hijo de una diputada.
En rueda de prensa, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de este observatorio, indicó que en los dos años que han analizado la información sobre la entrega de estas supuestas ayudas, han detectado que muchas son militantes de partidos, la mayoría de Acción Nacional; también hay cerca de 60 integrantes del sindicato del Congreso del Estado, que reciben un apoyo mensualmente.
Hay asesores, profesionistas, gente que se ve no son de escasos recursos, se apoya hasta con la compra de suplementos alimenticios, e incluso al hijo de la diputada Eugenia Solís, se le apoyó con transporte.
“¿No tiene la diputada dinero para comprarle el boleto a su hijo? ¿Está en situación de escasos recursos?”, cuestionó el empresario.
Al verse una situación donde parece configurarse un delito electoral, además de posible peculado, este organismo ciudadano acudió a la Ciudad de México a interponer una denuncia ante la Fiscalía General de la República (ex PGR), quedando a criterio de ésta si le da vista a la Fepade o a otra instancia propia. También harán lo propio ante la Fiscalía estatal y el sistema anticorrupción estatal y nacional.
Como han argumentado hace dos años, el Congreso no tiene facultades para disponer de ayudas sociales, pues eso es labor del Poder Ejecutivo; por tanto, se trata de una acción inconstitucional, aunque se da en todos los congresos del país, tema denunciado por el IMCO.
Sin embargo, mientras en otros estados el gasto es de cinco o 10 millones, en Quintana Roo el monto es cercano a los 100 millones de pesos anuales, lo que es el doble del presupuesto de la Secretaría de Salud.
El listado que tiene el Observatorio, obtenido en transparencia, está compuesto de 11 mil ayudas, muchos con nombres repetidos. Son cerca de 400 a 500 ayudas mensuales.
“Hay quienes reciben hasta dos apoyos mensuales. No es gente a la que se le gestiona una ayuda por alguna situación, sino que ya depende de este dinero”, comentó Galaviz Ibarra.
Llamativamente, en junio del año pasado, mes cuando se dieron elecciones, aparece en el listado la entrega de un gran número de despensas y de láminas, pero ignorándose a quiénes se las compraron o qué criterios usaron para entregarlas.
Por ello, sospechan que hay un uso electoral de estos recursos, que quieren evitar que se repita en el actual proceso, justamente para la renovación del Congreso del Estado.
“Es una práctica de desvío de recursos, para apoyar campañas electorales”; declaró, alegando que la Auditoría Superior del Estado (que depende del Congreso) ha sido omisa a la hora de detectar estas prácticas.
Por otro lado, también recordó la remodelación de recinto legislativo, para introducirle un sistema de audio y monitores, a un costo de 5 millones de pesos, entregados por asignación directa a un militante del PAN, a través de una empresa de otro giro, de la industria petrolera de Campeche.
En la facturación por la remodelación, se cobra la escandalosa cantidad de un millón de pesos por la “topografía de sonido”, que es sencillamente medir los niveles acústicos del recinto.
FUENTE: (Noticaribe)
