REDACCIÓN MACRONEWS POR RENAN MOGUEL.— El Observatorio Legislativo Ciudadano, encabezado por Eduardo Galaviz Ibarra, ha dado a conocer que dentro del paquete de reformas a las leyes fiscales aprobadas por la XVII Legislatura en diciembre del año pasado, y que rigen para el presente año, una de ellas ha generado reclamos por parte del sector empresarial y de los ciudadanos debido a su invasión a los derechos personales.
Se trata de la reforma presentada en el siguiente artículo de la Ley de Hacienda del Estado de Quintana Roo: Artículo 24.
En el caso de operaciones consignadas en escritura pública, los Notarios Públicos o Fedatarios, bajo su responsabilidad, calcularán y retendrán el Impuesto referido, y lo enterarán mediante declaración que se presentará dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que se firme la escritura, en las formas aprobadas por la Secretaría a través del SATQ.
Quedan relevados de la obligación de efectuar el cálculo y entero del impuesto, cuando la enajenación de inmuebles se realice por personas físicas dedicadas a actividades empresariales.
Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, los Notarios Públicos o Fedatarios, previo a dicho cálculo, deberán presentar el documento que contenga el avalúo base de su operación ante la autoridad fiscal competente, a efecto de que esta proceda a su validación.
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Las autoridades registrales estarán obligadas a verificar que el avalúo validado se adjunte como requisito para su inscripción.
Esta disposición afectará a las operaciones inmobiliarias del estado, una actividad que tiene un gran impacto en la economía local, además de establecer procedimientos que ralentizarán los procesos notariales por la solicitud de verificación de los montos de las operaciones. Esta situación carece de una fundamentación sólida, dado que las operaciones tienen como base los valores catastrales y los dictámenes de los valuadores, quienes son entidades reconocidas por la autoridad para emitir esos avalúos. Además, está la determinación de las personas para fijar con libertad el valor de su inmueble para la operación de compraventa, según lo convengan las partes.
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Es por ello que el Observatorio ha interpuesto un recurso ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que presente una Acción de Inconstitucionalidad por violaciones a los Derechos Humanos, debido a la reforma aprobada por la XVII Legislatura, la cual afecta la libertad de las personas, protegida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
