OPERATIVO CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR EN QUINTANA ROO: FGE LOGRA VINCULACIÓN A PROCESO PARA 12 IMPUTADOS EN CUATRO MUNICIPIOS
Redacción Macronews.- En una ofensiva jurídica para erradicar la violencia en el núcleo doméstico, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo obtuvo, mediante diversas audiencias, la vinculación a proceso de 12 personas por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar. El despliegue de los órganos jurisdiccionales abarcó los municipios de Playa del Carmen, Othón P. Blanco, Benito Juárez y Felipe Carrillo Puerto, logrando que el 58% de los procesados (7 de los 12 imputados) recibieran la medida cautelar de prisión preventiva justificada.
En el municipio de Solidaridad, la Fiscalía presentó datos de prueba contundentes contra Óscar de Jesús “N” y Naomi Naydelin “N”, quienes son señalados por agredir físicamente a dos menores de ocho y cuatro años en el fraccionamiento Puerto Maya. Asimismo, en la misma demarcación, se vinculó a proceso a José Francisco “N”, Mariano “N”, Fernando “N” e Ianko Loui “N”, todos acusados de ejercer actos de violencia física y verbal contra sus parejas sentimentales, en algunos casos perpetrados frente a sus hijos.
La capital del estado, Othón P. Blanco, registró tres vinculaciones significativas. Carlos Silvestre “N” y Luis Ángel “N” enfrentan procesos por agresiones físicas contra sus exparejas, mientras que José Armando “N” fue imputado por ejercer violencia física y psicológica en agravio de su propia progenitora. Por su parte, en Benito Juárez, las autoridades procesaron a Manuel “N” —quien presuntamente utilizó un arma blanca para amenazar a su expareja— y a Jorge Abraham “N”, por violencia física sistemática.
Finalmente, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, se vinculó a Nicanor “N”, cuyo caso destaca por la gravedad de las amenazas, al presuntamente intentar privar de la vida a su pareja sentimental mediante el uso de un arma de fuego. La FGE reiteró que el combate a la violencia de género y la protección de los derechos de la infancia son prioridades institucionales, asegurando que los imputados permanecerán bajo vigilancia judicial mientras se determinan sus sentencias definitivas.
