Las personas que están en prisión preventiva en cárceles de Quintana Roo y Yucatán también elegirán a la persona que encabezará la Presidencia de la República para los próximos seis años. A diferencia de resto de la población, lo harán de manera anticipada, del 6 a 20 de mayo, y se montarán operativos especiales entre las autoridades electorales y de seguridad penitenciaria para llevarles urnas y boletas.
En Quintana Roo, de acuerdo al último corte generado este mes de abril, se encuentran en la lista del Instituto Nacional Electoral (INE) 777 personas en prisión preventiva de tres centros penitenciarios en Cancún, Cozumel y Chetumal.
En febrero, el INE tenía una lista preliminar con más personas anotadas, pero conforme fueron avanzando sus procesos y algunos recibieron sentencia, esa lista se depuró. Otros más rechazaron participar en la elección.
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De manera general, en el Centro Penitenciario de Cancún votarán 619 personas en prisión preventiva, 111 personas en la cárcel de Chetumal y 47 en Cozumel.
Yucatán acata ordenamiento
En el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida hay una lista de 332 personas en prisión preventiva que podrán elegir al próximo presidente o presidenta de México.
Yucatán fue uno de los dos estados, incluyendo Veracruz, que se negaron a dar acceso al voto a personas en prisión; sin embargo, una sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que las personas en prisión preventiva que no han recibido sentencia tienen derecho a votar, porque están amparadas bajo la presunción de inocencia.
El consejero presidente de la Junta Local del INE, Luis Guillermo Alvarado Díaz, dijo que en el padrón se consideraron a las personas que cuentan con credencial para votar vigente y que están por firmar el convenio de colaboración con el gobierno estatal.
¿Cómo votarán?
Cada entidad manejará su propio plan de logística, pero en Quintan Roo, el vocal ejecutivo de la Junta Distrital 04 del INE, Fernando Montañez Silva, explicó que las boletas electorales para las personas en prisión preventiva llegarán a mediados de abril y se resguardarán en las bodegas oficiales para utilizarlas en el periodo comprendido entre el 6 y el 20 de mayo, tal y como lo estableció el INE.
Para las tres cárceles de Quintana Roo, el INE se coordinará con las autoridades penitenciarias de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encargadas de asignar la fecha exacta para la votación. Para ello, se trasladará un número específico de funcionarios del INE que se encargará de desarrollar la elección al interior y recoger los votos. De igual manera, los sufragios emitidos serán resguardados en las bodegas electorales.
De acuerdo con el consejero presidente del INE en Quintana Roo, Sergio Bernal Rojas, aún están por definirse los puntos de instalación de las casillas y urnas, sin embargo, se prevé que se realice en el patio principal de cada cárcel, con la vigilancia del personal penitenciario.
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Los resultados del voto anticipado para personas en prisión preventiva se sumarán a otras modalidades del voto en Quintana Roo, como el anticipado para personas con discapacidad y votantes desde el extranjero. Finalmente, se integrarán con los resultados totales de Quintana Roo en el día de la elección, el 2 de junio.
PIDEN TRANSMITIR DEBATES EN LAS CÁRCELES
En Mérida, cuyo centro penitenciario se sumará a la modalidad de voto anticipado para personas en prisión preventiva, el INE ha solicitado que los debates presidenciales se transmitan también al interior, para que las 332 personas que votarán conozcan las propuestas de Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Máynez.
“Ya se le pidió al Gobierno del Estado que transmita en el Cereso los debates que se van a llevar a cabo para que, si se llega a dar el caso de que puedan votar las personas privadas de su libertad, estén informados de cuáles son las opciones que puedan realizar un voto informado”, dijo Luis Guillermo Alvarado Díaz, consejero presidente de la Junta Local del INE en Yucatán.
Lo que falta para que la votación anticipada se realice es que el Gobierno del Estado y el INE firmen un convenio de coordinación. Antes de esto, el gobierno ya entregó una relación de datos biométricos de las 332 personas privadas de su libertad, mismos que se están cotejando con la base nacional del padrón electoral del INE.
Al interior del Cereso de Mérida se instalaría solamente una casilla, dijo el funcionario del INE, y la votación se podría extender hasta por cinco días. Advirtió que, en caso de que hubiera algún incidente en materia de seguridad, la votación sería suspendida de inmediato.
Fuente: La verdad Noticias
