Redacción Macronews por Renan Moguel.— El Observatorio Legislativo de Quintana Roo A.C., encabezado por Eduardo Galaviz, ha observado que la Ley de Movilidad no se ha ajustado a las directrices normativas de la Ley General de Movilidad. En lugar de eso, parece proteger intereses gremiales y otorgar atribuciones a la dependencia encargada de estos temas.
Galaviz explicó que, en un periodo extraordinario de la feneciente XVII Legislatura, se aprobaron nuevas reformas a la Ley de Movilidad del Estado de Quintana Roo. Hay dos temas controvertidos que requieren respuestas a las preguntas conceptuales fundamentales: ¿Por qué? y ¿Para qué?
Una de las propuestas de reforma se refiere a la formalización de permisos para los servicios de mototaxis en las islas. La intención parece ser regularizar una situación que ya ocurre en la isla de Cozumel, pero esto podría crear problemas en otras islas.
El otro tema, de trascendencia estatal, es la incorporación del Artículo 218 bis, que textualmente señala: «Las personas conductoras de una motocicleta y sus acompañantes están obligados a usar un casco de seguridad que cumpla con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas vigentes, debidamente colocado y abrochado, el cual deberá contar con la estampa del número de placa correspondiente, así como portar un chaleco reflejante que tenga impreso el número de la placa, mismos que deberán ser otorgados por la autoridad correspondiente.»
El titular del Observatorio Legislativo Quintana Roo resaltó la necesidad de responder a las preguntas básicas. Esta propuesta busca solucionar temas de seguridad, basándose en experiencias orientadas a resolver problemas derivados del uso de motocicletas en eventos delictivos.
Galaviz ahondó que, según estadísticas de seguridad, el 32% de los incidentes de lesionados con armas de fuego involucraron una motocicleta, en robos con violencia el 21%, y en homicidios el 21%. En cuanto al robo de motocicletas, en 2023 se registraron 2,877 unidades robadas, y hasta junio de este año se contabilizan 1,711 unidades robadas, lo que indica que la cifra podría duplicarse respecto al año anterior.
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Es entendible que la respuesta de las autoridades a las preguntas del ¿Por qué? y ¿Para qué? sean esas cifras, como una medida para intentar reducir los índices de delitos cometidos utilizando este medio de movilidad.
Galaviz precisó que estas modificaciones a la Ley ya han generado reclamos por parte de algunos clubes de motociclistas. Será importante entender las motivaciones de quienes protestan contra estas modificaciones y su valoración de los problemas de inseguridad que también les afectan.
