REDACCIÓN MACRONEWS POR RENAN MOGUEL.— La tercera reunión del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano con la gobernadora, Mara Lezama Espinosa, sirvió para, entre otras cosas, solicitar un análisis de la viabilidad y la manera en la que se cobra el pago del aprovechamiento al turismo extranjero, conocido como Visitax, por ser invasivo e incluso engañoso en la manera que lo exige la autoridad.
David Ortiz Mena, vicepresidente de este consejo, que agrupa a las distintas asociaciones de hoteles y clubes vacacionales, sumando 125 mil habitaciones en todo Quintana Roo, consideró como muy productiva y positiva esta reunión, toda vez que también acudieron diversos integrantes del gabinete estatal, como Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno; Eugenio Segura Vázquez, secretario de Finanzas y Planeación; Bernardo Cueto Riestra, secretario de Turismo, entre otros.
En el evento se discutieron varios temas como los conflictos en movilidad, él recale de sargazo, seguridad, entre otros.
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Un punto importante fue la solicitud de revisar la manera en que se cobra el “Visitax”, introducido por el gobierno del estado en 2020 y aplicado desde 2021.
“Al ser enviada la propuesta al Congreso local, se dijo que el estado tenía un déficit presupuestario, pues veníamos de la pandemia y no había más opción”, recordó Ortiz Mena.
“El problema es que se cobra de manera engañosa, lo que preocupa, pues daña la imagen del turismo”, afirmó.
Lo anterior, porque, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, la publicidad del Visitax viene con la siguiente amenaza: “Evite inconvenientes, recuerde que el cobro está ligado al número de su pasaporte”.
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Esto ha generado temor entre turistas, quienes lo toman como una invitación a no volver al destino, pues incluso piensan que pueden tener problemas migratorios.
En diversos foros y en redes sociales, son muchos los extranjeros quienes expresan estos temores, lo que es muestra de un impacto en la imagen y posible pérdida de turismo.
A esto se añade el hecho que el destino de esta contribución es poco clara, ya que se supone que se cobra el uso de infraestructura pública por parte del turismo, pero la publicidad de este derecho asegura que sirve “para proteger las playas y la riqueza maya”, pese a que ya existe un cobro de Derecho de Saneamiento, que se supone que es para esta finalidad
