Integrantes de asociaciones exhortaron a las comisiones de Justicia, Derechos Humanos, Desarrollo Familiar y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y de la Gran Comisión, en particular a la diputada Laura Esther Beristaín Navarrete, a reconsiderar la penalización del VIH y a bajar esta iniciativa, que pretende colocar a las personas con VIH bajo un estatus de posibles criminales.
“No podemos permitir acciones que criminalidad y penalicen y mucho menos a partir de un partido que supuestamente abraza las causas y dieron a conocer una agenda donde va trabajar con los grupos de riesgo, entonces no está siendo congruente el partido y mucho menos sus integrantes en este caso la diputada de la comisión de salud”, expresó Roberto Guzmán, de Red + Posithiva de Quintana Roo AC, organismo que se unió a ICW México y UNAYAC.
Este llamado se hizo a través de una carta entregada en la ciudad de Chetumal a los grupos ya mencionados, en donde expresan los puntos a consideración, a sabiendas que estas comisiones son responsables de dictaminar la iniciativa de “Decreto por el que se reforma el Artículo 113 y se adiciona dentro de la sección tercera delitos contra la sociedad, el titulo séptimo, delitos contra la salud pública”, la cual pretende reformar el artículo 113 del código penal y castigar de 5 a 25 años con prisión a quien contagie o infecte con virus peligrosos a otras personas.
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Ante esto, manifestaron en la carta algunas precisiones que pidieron fueran tomadas en cuenta para evitar así una iniciativa “que atenta contra la dignidad y promueve el estigma hacia las personas con VIH”, entre las que destacan:
La importancia de impulsar acciones a favor del reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres en el orden internacional de los diversos instrumentos que en esta materia ha suscrito y ratificado el Estado mexicano; no buscar castigo para las conductas que se perciben como dolosas en relación al VIH y otras infecciones sexuales, ya que la evidencia científica señala que la prevención del VIH no se logra con medidas punitivas, sino con políticas en salud pública que faciliten acciones que promuevan cambios a nivel estructural.
Mencionaron también que la penalización favorece el estigma y la discriminación hacia personas con VIH, incluyendo a las niñas, niños, adolescentes y mujeres, por lo que resulta contradictorio impulsar acciones que contravienen a la dignidad de estos grupos vulnerables; la dificultad de determinar la causalidad, el dolo, la intencionalidad ya que intervienen diversos factores en la trasmisión del VIH, como: la posibilidad de la trasmisión, el tipo de exposición, el uso o no del condón, la etapa de la infección, sí lleva tratamiento antirretroviral o no, si tiene carga detectable o no, si existen enfermedades concomitantes, el estado de la pareja receptora y los acuerdos establecidos entre parejas.
Enfatizaron que las medidas punitivas como las que se pretende legislar, podrían obstaculizar y afectar las diversas acciones multisectoriales en materia de prevención, detección y atención del VIH en nuestro Estado. Podría influir a que las personas que se perciban con factores de riesgo ante el VIH, omitan realizarse una detección temprana a fin de no conocer su estado serológico en virtud de prevenir un posible proceso penal.
Además de que el contenido en específico de esta iniciativa de “Peligro de contagio” podría provocar que la responsabilidad jurídica de la prevención del VIH recaiga solamente en quienes viven con VIH, y con ello podría invisibilizarse el mensaje de salud pública de que las parejas sexuales tienen responsabilidad compartida sobre su salud sexual. Y que este tipo de adecuaciones al Código Penal promoverán mayores niveles de estigma y discriminación hacia las diversas poblaciones con VIH y sus familias.
Contrario a esto, relataron en la carta, deberían etiquetar recursos para prevenir, detectar y atender oportunamente el VIH; mejorar la calidad e integralidad de los servicios de atención otorgados desde los CAPASITS y hospitales del sector salud; y disminuir el estigma y la discriminación hacia las poblaciones afectadas por el VIH y otras ITS.
(FUENTE: Noticaribe)
