*Chetumal, Quintana Roo* – En un esfuerzo por garantizar el pleno desarrollo de niñas, niños y adolescentes migrantes, la Comisión Permanente de la XVII Legislatura ha remitido a comisiones una propuesta de adición a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo. La iniciativa busca armonizar la legislación local con las normativas nacionales en materia migratoria.
Durante la sexta sesión de la Permanente, la diputada Jissel Castro Marcial, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, presentó la iniciativa que propone establecer el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas. Este principio guiaría la coadyuvancia de las autoridades estatales y municipales en los procedimientos administrativos-migratorios realizados por las autoridades federales en relación con las niñas, niños y adolescentes migrantes.
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La propuesta pretende armonizar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Quintana Roo con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, subrayando la importancia de incorporar el principio superior de la niñez en el marco normativo estatal.
En la misma sesión, se leyó una iniciativa para derogar el último párrafo del artículo 68 de la Ley de la Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Este párrafo establece el requisito de acreditar mediante constancia de estudios para recibir apoyo económico otorgado por el Poder Legislativo a los participantes del Congreso Juvenil.
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Además, se enviaron a comisiones otras iniciativas, incluyendo una propuesta para reformar la Ley de Hacienda de los Municipios y diversas leyes de hacienda municipales en materia de saneamiento ambiental. Esta iniciativa fue presentada por la diputada Cinthya Millán Estrella, representante legislativa del PAN. También se turnó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad, presentada por el grupo legislativo de MORENA.
Estas iniciativas reflejan un esfuerzo integral por parte de los legisladores para mejorar las condiciones legales y sociales de diversos grupos dentro del estado, especialmente aquellos en situaciones vulnerables como los migrantes y los jóvenes.