Existen por lo menos 25 denuncias de desarrollos inmobiliarios ilegales al interior de áreas naturales protegidas en la Península de Yucatán entre 2024 y 2025, la mayoría de los cuales se encuentran en la Riviera Maya y el resto en Holbox.
Juan Carlos Romero Gil, director de Península de Yucatán y mar Caribe de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, mencionó que «tienen una coordinación muy estrecha con el gobierno del estado porque parte de la actividad de crecimiento tiene que ver con permisos paralelos. Bueno, como bancos de material y con ellos, estamos haciendo un trabajo de coordinación para ir deteniendo estos desarrollos inmobiliarios, que son muchos detectados dentro de lo que son denuncias en la Riviera Maya; son más de 25 en los últimos 2 años”.
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Muchos de esos casos ya son del conocimiento de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, además de que también se ha dado vista a la Fiscalía General de Quintana Roo.
Además de desarrollos sin permisos, también hay proyectos que son ingresados a evaluación ambiental dentro de las mismas áreas naturales protegidas, pero “la gran mayoría son rechazados”, aseguró el funcionario.
La proliferación de desarrollos inmobiliarios en medio de la selva sin ningún tipo de permisos se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Quintana Roo, al grado tal de tener que habilitar un micrositio en internet, donde se boletinan todos aquellos desarrollos que se comercializan sin contar sin ningún permiso o ubicarse en polígonos con restricciones de construcción como lo son las áreas naturales protegidas.
Tan sólo la Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano, Sustentable (Sedetus) ha informado que tienen identificados en todo el estado más de 500 desarrollos irregulares, entre fraccionamientos e invasiones que son sospechosos de no contar con permisos.
Incluso, en junio pasado, el gobierno de Quintana Roo informó que no sólo está imponiendo clausuras contra los fraccionamientos irregulares, sino en por lo menos 12 casos ya han dado vista a la Fiscalía General del Estado para que los procedimientos también transiten por la vía penal contra quienes comercializan bienes inmuebles sin permisos.
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Así lo informó el titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente en Quintana Roo, Alonso Fernández Lemmen Meyer:
“Con la mesa de seguridad del sur del estado hicimos unos operativos junto con Sedetus; ahí la Procuraduría impuso 22 sellos de clausura y de esos por lo menos 12 ya se dieron vista a la Fiscalía por medio de una denuncia; todo lo vamos a denunciar porque no se vale que le quiten el dinero a la gente, que se aprovechen del desconocimiento de la gente, pues venden terrenos que no son regularizables”.
