GOBIERNO DE QUINTANA ROO REFUERZA LITIGIO CONTRA AGUAKAN POR IRREGULARIDADES Y DAÑOS AL MEDIO AMBIENTE: CRISTINA TORRES, SECRETARIA DE GOBIERNO DEL ESTADO
Chetumal, Quintana Roo, 26 de febrero.- La secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, destacó el trabajo de la administración estatal frente a las múltiples irregularidades de la concesionaria Aguakan, las cuales se sustentan en años de mal servicio, cobros indebidos, falta de abastecimiento y contaminación ambiental. Estos problemas han causado un creciente descontento social, reflejado incluso en una consulta popular donde la mayoría de los ciudadanos se pronunciaron a favor de finalizar la concesión.
Torres detalló que desde el inicio de la administración, se han realizado diversas auditorías y estudios técnicos, fiscales y de calidad del agua, lo que ha permitido detectar irregularidades graves, como la prórroga ilícita de la concesión en 2014, hasta el año 2053. Esta extensión, gestionada a cambio de un pago millonario, fue realizada sin la facultad del gobierno estatal, y los beneficios no se reflejaron en una mejora del servicio para la ciudadanía.
El 16 de mayo de 2024, el gobierno estatal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República, la cual determinó que existían elementos suficientes en contra de los directivos de la empresa DHC por promoción de conductas ilícitas y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Como consecuencia, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra los directivos de Aguakan.
En cuanto a los daños sanitarios y medioambientales, se ha encontrado contaminación en el agua potable y aguas residuales que exceden los límites permitidos, representando un grave riesgo para la salud de la población y causando daños irreparables al ecosistema. Las muestras de agua fueron tomadas en diversos puntos, como hospitales, escuelas y plantas de tratamiento operadas por la concesionaria.
La funcionaria también abordó la reunión entre el gobierno estatal y representantes de Aguakan, aclarando que esta fue solicitada por la propia empresa y que no hubo ningún tipo de acuerdo o acoso. El objetivo de la reunión fue proteger los derechos laborales y las inversiones de las Afores, pero de manera firme se rechazó la propuesta de compra de la concesión.
Torres finalizó su intervención asegurando que, en Quintana Roo, el patrimonio de los ciudadanos no será comprometido y que el agua es un derecho humano, no un privilegio. Subrayó que el gobierno continuará defendiendo el interés público y que nadie está por encima de la ley.
