Las obras de la casa de descanso militar en Bacalar, promovida por la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron reactivadas, pese a contar con una suspensión definitiva que los obligó a detener labores.
Fueron dos suspensiones que quedaron sin efectos durante la primera quincena de noviembre, dentro de un par de amparos solicitados por las asociaciones civiles Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Proyecto Justicia Común (Projuc) e Infancias de Bacalar, estos últimos a través de la Defensoría Pública federal.
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Estas acciones fueron iniciadas mediante juicios de amparo contra la obra de la Sedena, porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) les “perdonó” la presentación de estudios técnicos mediante alguna Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
No obstante, aún queda pendiente una suspensión definitiva que el instituto armado no ha logrado “tumbar”. Se trata del expediente 241/2025 promovido por siete habitantes de Bacalar, que reclamaron el derecho a un medio ambiente sano.
De acuerdo con evidencias de video y fotografías enviadas a este medio de comunicación, el pasado fin de semana, hubo movimiento en la obra, con trabajos de remoción de estructuras en el perímetro del inmueble ubicado en la zona céntrica de dicha localidad, frente al Fuerte de San Felipe de Bacalar, obra arquitectónica del siglo XVIII.
Este juicio de amparo ganó una suspensión definitiva en mayo pasado, según el expediente consultado, medida cautelar que también ha sido impugnada por la Sedena.
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El caso de impugnación quedó radicado en el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, cuyos magistrados decidirán el destino final de la obra de los militares, el cual se inició sin estudios ambientales.
La semana pasada la representación jurídica de Projuc declaró que el retiro de las suspensiones ocurrió con una celeridad poco vista, en un momento en el que los nuevos juzgadores federales tomaron posesión de estos casos tras haber sido electos mediante la pasada elección judicial.




















