Ambientalistas reactivaron un amparo en contra de las autorizaciones otorgadas para la construcción del Cuarto Muelle en Cozumel, proyecto que —aseguran— pone en riesgo al arrecife Villa Blanca, uno de los ecosistemas marinos más importantes de la isla.
El juicio de amparo fue radicado bajo el expediente 639/2025 en el Juzgado Quinto de Distrito, donde los inconformes, en su mayoría buzos profesionales, acusan la omisión de medidas de mitigación ambiental por parte de las autoridades.
El recurso fue impulsado por miembros del colectivo Sélvame del Tren, conocido por su oposición al Tren Maya, así como por otros activistas que advierten que el caso podría escalar a tribunales federales y prolongarse por varios meses.
Durante su reciente visita a la entidad, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció que se analiza una posible revocación del proyecto. Sin embargo, los ambientalistas solicitaron que no se trate de una suspensión temporal, sino de una cancelación definitiva, incluso si se plantea trasladar la obra a otra región del estado.
Rodrigo Huesca Alcántara, uno de los principales opositores al muelle, manifestó su preocupación de que la reubicación afecte otras comunidades, especialmente en la zona continental de Quintana Roo.
Hasta el momento, los activistas no han recibido respuesta al recurso de revisión que presentaron contra el resolutivo de impacto ambiental emitido a favor de Muelles del Caribe, empresa a cargo del proyecto. Tampoco han obtenido respuesta del presidente municipal de Cozumel, José Luis Chacón Méndez, a quien solicitaron intervenir.
El conflicto por el Cuarto Muelle tiene una doble dimensión: ambiental y socioeconómica. Los disidentes sostienen que el proyecto representa un riesgo ecológico significativo, mientras que, en el plano económico, aseguran que genera escasos beneficios para la población local y podría saturar los servicios públicos de la isla.