CHETUMAL, Quintana Roo, 24 de octubre.- Aunque las reformas a la ley de movilidad costaron más de 11 millones de pesos, las disposiciones en materia de seguridad de su aplicación no serán consolidadas en el sexenio de la Gobernadora Mara Lezama, señalo el director del Instituto de Movilidad de Quintana Roo, Rodrigo Alcázar Urrutia, durante su comparecencia ante diputados del Congreso del estado, como parte de la glosa del Primer informe de gobierno.
En 2 horas el funcionario expuso las acciones que se han implementado este 2023, con 110 millones de pesos aprobados para su ejercicio, aunque los cuestionamientos por las sanciones y remoción de concesiones a taxistas que agredieron a operadores de plataformas digitales predominaron, llamó la atención las ampliaciones presupuestales aprobadas.
EL DINERO REFORMA MILLONARIA
Una de 24 millones 996 mil 840 pesos, para los estudios de Conectividad de la Estación – Paraderos Cancún-Aeropuerto del Tren Maya, estudios “preliminar y de factibilidad”.
Y otra para armonizar la Ley de Movilidad del estado de Quintana Roo con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial se destinaron 11 millones 368 mil pesos. Una “armonización”, expuesta en su propio documento.
Pero, al ser cuestionado, Alcázar dijo que no era una “armonización” que ese era solo el título, “que la reforma era nueva, no tiene nada que ver con la ley actual, es totalmente nueva, no es un trabajo menor”.
La tercera ampliación fue destinada para el equipamiento del Instituto con computadoras ensambladas y otras herramientas, 3 millones 272 mil 734 pesos, y una cuarta para campañas de socialización, es decir publicidad un millón 452 mil 787 pesos.
En total 41 millones 90 mil 361 pesos, lo que permitió “duplicar” el patrimonio del instituto, al 2023 con 87 millones de pesos, más los pasivos.
De ingresos a septiembre de 2023 dijo que se lograron recaudar casi 63 millones de pesos, que para el cierre de año podrían llegar a los 70 millones de pesos.
Alcázar anticipó que la proyección de recaudación para 2024 será de 90 millones de pesos de recursos propios.
En cuanto a las inspecciones el funcionario señaló que el Instituto cuenta con solo 39 personas para inspeccionar todo el estado, además con solo 20 vehículos. Pero, algunas están ocupadas en actividades administrativas como la creación de una revista vehicular.
Factor que reconoció ha restado capacidad al instituto para vigilar a los transportistas, “nosotros este año esperamos duplicar inspectores”.
MUCHAS DENUNCIAS Y TRES SANCIONES
A la hora explicar el asunto de las “Denuncias o quejas ciudadanas” contra transportistas, reconoció que en lo que va del año se recibieron 330 quejas, pero de estas, 36 “eran de competencia municipal”, y que 43 fueron desechadas “por no tener claridad”.
Aseguro que 257 fueron resueltas, sin precisar si fueron a favor de los ciudadanos o los taxistas.
El municipio con más infracciones a la ley de movilidad y reglamento en todas sus modalidades de transporte publicó, fue el de Othón P. Blanco, con 170, seguido de Benito Juárez con 150, Solidaridad, 139 y Puerto Morelos con 125.
En su reporte de juicios reveló que el Instituto enfrenta 10 amparos en contra de la ley de movilidad impulsados por las plataformas digitales, y 15 amparos por procedimientos para revocar concesiones de transporte.
