Cinco mujeres víctimas de explotación sexual fueron rescatadas en un bar de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, durante un operativo conjunto de autoridades estatales y federales. El establecimiento, situado en la intersección de las calles 61 y 78 de ese municipio, fue asegurado tras la intervención policial, mientras las investigaciones buscan identificar a los responsables de los delitos cometidos en el lugar.
El operativo respondió a sospechas de trata de personas en la zona. Durante la inspección, los agentes localizaron a las cinco mujeres dentro del local, quienes presuntamente eran obligadas a prestar servicios sexuales.
LEER: CHICHÉN ITZÁ ROMPE RÉCORDS: SIGUE SIENDO LA FAVORITA DEL TURISMO EN MÉXICO
La intervención permitió no solo el rescate de las víctimas, sino también el aseguramiento de diversos indicios relevantes que ayudarán a esclarecer la investigación, entre ellos documentos, dinero en efectivo, una grabadora de video y paquetes de preservativos.
Las primeras indagatorias revelaron el modus operandi del bar: las mujeres llegaban al establecimiento con la intención de trabajar como meseras-ficheras, pero una vez contratadas, se les exigía ofrecer servicios sexuales a los clientes. Los usuarios pagaban entre 800 y 1.000 pesos por media hora, de los cuales el local retenía el 50% del monto cobrado, beneficiándose directamente de la explotación de las víctimas.
Tras la recopilación de pruebas y la revisión del lugar, las autoridades estatales colocaron sellos de aseguramiento en el inmueble, que quedó bajo resguardo oficial. El proceso legal continúa mientras se determina la identidad de los responsables y se avanza en la integración de la carpeta de investigación.
Todos los elementos recabados durante el cateo fueron entregados al Ministerio Público, encargado de dar seguimiento a la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
Detienen a hombres acusados de violación a menores
Las autoridades del estado de Quintana Roo arrestaron a dos hombres señalados como responsables de violencia sexual contra menores de edad en el municipio de Benito Juárez. La Fiscalía General del Estado informó que ambos sujetos fueron identificados como Amisaday “N” y Víctor “N”, quienes mantenían vínculos familiares o cercanos con las víctimas y aprovecharon esa relación para cometer los delitos.
Según los reportes oficiales, el primer caso involucra a Amisaday “N”, acusado de varios episodios de abuso cometidos contra un niño de siete años en una vivienda ubicada en el fraccionamiento Tierra Maya, Supermanzana 105. Las agresiones ocurrieron en distintos momentos, mientras el menor visitaba la residencia del acusado. La víctima, actualmente de ocho años, consiguió revelar los hechos a su madre, quien procedió a presentar la denuncia ante la autoridad competente. De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Sexuales y el Libre Desarrollo de la Personalidad, una vez radicada la denuncia, el juez de control autorizó y ejecutó la orden de aprehensión.
El segundo caso fue imputado a Víctor “N”, quien fue señalado en una investigación como responsable de actos de violación contra una menor integrante de su núcleo familiar. Los hechos se remontan a 2019 en el fraccionamiento Villas del Mar, Supermanzana 248. La menor demostró temor para reportar el abuso debido a amenazas directas del agresor, quien le advirtió que causaría daño a su madre si hablaba. Además, la presencia de dos armas de fuego en la vivienda incrementó el riesgo percibido por la víctima, lo que retrasó la intervención de las autoridades. Finalmente, al poder comunicar lo sucedido a un familiar, se presentó la denuncia y la Fiscalía procedió conforme a los lineamientos legales.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, la aprehensión de los acusados se realizó tras la obtención de las órdenes judiciales correspondientes y la acción de la policía de investigación. Los detenidos se encuentran a disposición de la autoridad judicial y, en los próximos días, el juez de control definirá su situación jurídica con base en los plazos y procedimientos legales.
El abuso sexual infantil representa uno de los delitos con mayor impacto psicosocial para las víctimas. Especialistas señalan que este tipo de agresiones puede generar “heridas emocionales y psicológicas profundas, afectando su desarrollo y bienestar”. Por eso, organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sugieren a padres, madres y tutores fomentar en niños y adolescentes la confianza para hablar sobre cualquier situación incómoda y rechazar cualquier contacto físico no consentido. Entre las recomendaciones se encuentran la supervisión activa de los menores, el monitoreo de su actividad en internet y el rechazo de regalos que puedan implicar condiciones ocultas. LEER: JAZLYN, NIÑA DE 2 AÑOS, RECIBE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN TEXAS TRAS QUEMADURAS POR EXPLOSIÓN DE PIPA EN IZTAPALAPA
En casos de abuso, las autoridades recomiendan no bañarse ni cambiarse de ropa antes de recibir asistencia especializada, debido a la importancia de preservar pruebas fundamentales para la investigación. Estos hechos subrayan la relevancia de las redes de confianza familiar y comunitaria, así como la labor de las instituciones encargadas de la protección de los derechos de la infancia.
