El Consejo Coordinador Empresarial del Caribe (CCE del Caribe) y el Consejo Hotelero del Caribe expresan su reconocimiento al esfuerzo y compromiso del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a través de la Lic. Cristina Torres, titular de la Secretaría de Gobierno, y del Lic. Carlos Fuentes, a cargo de la Consejería Jurídica del Estado, en la revisión y modificación de la Ley de Expropiación, Ocupación Temporal y Limitación de Dominio.
Esta legislación es una herramienta fundamental para el desarrollo económico e infraestructura de la región, garantizando al mismo tiempo la certeza jurídica en situaciones en las que el interés público lo requiera. En este sentido, el CCE del Caribe y el Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, en colaboración con diversos gremios empresariales como la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, A.C., han trabajado intensamente con las autoridades estatales para proponer modificaciones a esta ley, buscando un equilibrio entre el desarrollo del estado y la protección de los derechos de propiedad privada.
El esfuerzo conjunto ha dado como resultado la creación de mecanismos claros y transparentes en las causas de utilidad pública, un proceso eficiente y una compensación justa por los bienes expropiados. Estos avances aseguran que las expropiaciones se realicen bajo principios de legalidad, equidad y respeto a la propiedad privada, fortaleciendo la confianza de la sociedad en las instituciones.
La colaboración entre el gobierno y la iniciativa privada es clave para consolidar un estado más competitivo, impulsar la inversión y el desarrollo económico en la región, y establecer reglas claras que favorezcan el crecimiento sostenible, protegiendo los derechos de las empresas y los ciudadanos. Por ello, reiteramos nuestro reconocimiento a la disposición y apertura al diálogo del Gobierno del Estado de Quintana Roo para trabajar de manera conjunta con el sector empresarial en la creación de una normatividad equitativa y eficiente.
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Este proceso, caracterizado por su participación activa y transparencia, ha contado con la colaboración de diversos organismos del estado, promoviendo la coparticipación entre los sectores público y privado en la elaboración de una reforma que establece un precedente para futuras iniciativas, consolidando así la confianza entre la sociedad y el gobierno.
