Cancún, Quintana Roo 14 de Marzo del 2023:El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, estará este miércoles nuevamente ante un juez federal.
La Fiscalía General de la República (FGR) le imputará ahora el delito de Delincuencia Organizada, luego de que hace dos semanas otro juzgado federal le negó una suspensión contra una nueva orden de aprehensión.
De acuerdo con la agenda judicial, la audiencia ocurrirá en el Centro de Justicia de Almoloya de Juárez.
El ex gobernador priista está citado a las 20:15 de la noche en la sala 3 para una audiencia de continuación inicial.
El delito que se sigue dentro de la causa penal 541/2019 es el de Delincuencia Organizada “con la finalidad de cometer delitos relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita”, según la información entregada en su momento por México al gobierno de Panamá.
Roberto Borge seguirá en prisión en Morelos
Borge Angulo fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Panamá, acusado entonces de tres delitos del fuero común por el Gobierno de Quintana Roo y uno del ámbito federal.
Éste último refiere a Operaciones con recursos de procedencia ilícita dentro de la causa penal 381/2017.
Este proceso lo mantiene actualmente en prisión preventiva en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ayala, en el estado de Morelos.
La actual medida cautelar lo mantendría en el reclusorio, independientemente de la resolución que dicte este miércoles 15 de marzo, el Juzgado de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Acusaciones contra Borge en Quintana Roo
En su oportunidad, el gobierno del ahora embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, acusó a Roberto Borge Angulo de tres delitos.
El primero fue por el delito de Aprovechamiento ilícito del poder en el expediente 151/2017 por contratos a través de la empresa del gobierno VIP Servicios Aéreos Ejecutivos.
Otro fue el expediente 154/2017, por Desempeño irregular de la función pública por el presunto quebranto al erario público derivado de una exención en el pago de derechos de carritos de golf.
La tercera carpeta fue la 159/2017, por la venta de 18 inmuebles, propiedad del Estado, a un precio poder debajo de su valor comercial.
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