La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) avanza en la implementación del Registro Nacional de Accesos a Playa (RNAP), un instrumento estratégico para garantizar el libre disfrute de los más de 11 mil kilómetros de litorales del país.
Federico Sánchez y Sánchez, director de Delimitación, Padrón e Instrumentos Fiscales de la Semarnat, detalló que en coordinación con los municipios se hará una validación conjunta de los accesos en los planes de desarrollo urbano, ordenamiento ecológico local y programas de manejo de áreas naturales protegidas.
El funcionario federal explicó que el RNAP es un instrumento clave para garantizar el derecho de libre acceso al mar, vital en México y por ende, en estados como Quintana Roo con vocación turística.
Uno de los objetivos del registro es consolidar la información sobre los accesos existentes, facilitar la planeación, conservación y, sobre todo, garantizar la accesibilidad universal para todas las personas, incluyendo personas con movilidad reducida, tercera edad o con lesiones.
“Las playas representan un atractivo turístico principalmente y forman parte de un atractivo mundial, la importancia de estos espacios no solo es por su rica diversidad, sino por los servicios ecosistémicos esenciales, sino que son parte del esparcimiento de tanto locales como extranjeros, y parte de ello es la posibilidad de poder ingresar de manera natural al disfrute de este espacio”.
Detalló que la primera etapa de este registro consiste en el levantamiento y posicionamiento geográfico de todos los accesos a playa, incluyendo aquellos que pasan por propiedad privada, para en una segunda etapa realizar la protocolización de los mismos e integración en los planes de desarrollo y ordenamiento urbano municipales.
Actualmente, el RNAP ya abarca 176 municipios costeros, con la primera etapa de registro principal casi finalizada.
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Algo importante es que se trabajará en gestionar la apertura de accesos que se encuentren cerrados o controlados de forma indebida, debido a que se busca revertir la privatización de facto de espacios públicos y asegurar el derecho al disfrute de las playas y la zona federal marítimo-terrestre.
“Este registro es un instrumento de transparencia que promueve el bienestar social y el reconocimiento de que el mar es un patrimonio que nos pertenece a todos», explicó.
