Redacción Macronews.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo (STyPS) anunció el inicio de recorridos de verificación en centros laborales del estado para garantizar el cumplimiento de la denominada Ley Silla, reforma que reconoce el derecho de las y los trabajadores a sentarse durante intervalos de su jornada, luego de que el 14 de diciembre concluyó el plazo de adaptación otorgado a las empresas tras su publicación el 17 de junio de 2025.
La dependencia estatal informó que, durante el periodo de gracia, se realizaron visitas preventivas a alrededor de 300 centros laborales, principalmente gasolineras, farmacias y comercios, donde se detectó que solo cerca de 140 contaban con el mobiliario requerido. Ante este panorama, a partir del arranque del año se reforzarán las acciones de inspección para verificar el cumplimiento efectivo de la reforma, cuyo objetivo central es proteger la salud de quienes laboran de pie por largas horas, permitiendo cambios de postura y descansos periódicos.
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Las empresas que incumplan la Ley Silla enfrentarán multas de entre 250 y 2 mil 500 veces la UMA, lo que equivale a sanciones económicas que van de aproximadamente 28 mil hasta 280 mil pesos; en casos de reincidencia, las autoridades podrán aplicar suspensiones temporales de actividades. En caso de vulneración de este derecho, las personas trabajadoras pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o a la Dirección del Trabajo y Área de Inspecciones en cualquier punto del estado, donde recibirán orientación y asesoría gratuita.
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Además de la STyPS, la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) informó que también realiza verificaciones para constatar la correcta aplicación de la Ley Silla en los 500 contratos colectivos con los que cuenta en Quintana Roo, principalmente en la zona norte del estado, de los cuales más del 60% corresponden al sector turístico-hotelero. La implementación de esta disposición, precisaron, debe operar por turnos, de manera similar a los comedores de empleados, a fin de mantener la productividad sin afectar el derecho al descanso de la plantilla laboral.




















