Playa del Carmen, 30 de octubre. – A un año de que se iniciara la carpeta de investigación 8176/2024, el denunciante de un complejo caso que involucró violencia, sustracción de menores e intento de homicidio en Playa del Carmen, afirma que su proceso judicial continúa paralizado debido a presunto tráfico de influencias y contubernio entre la Fiscalía General del Estado (FGE) y el abogado agresor, Kevin Ramón S. Q.
El caso se hizo público en enero de este año, destapando las graves acusaciones de corrupción y hoy revela que a pesar de las evidencias, la justicia no avanza y el agresor, quien además es expareja de la exesposa del afectado, no ha sido vinculado a proceso.
El punto central del estancamiento es la agresión ocurrida el 21 de octubre de 2024 en un restaurante. Según el denunciante, las pruebas de la FGE demuestran la gravedad del ataque.
El afectado informó que las declaraciones de los testigos que obran en la carpeta de investigación son consistentes y señalan que el ataque incluyó el ahorcamiento con un cinturón.
Los peritos de la Fiscalía concluyeron que los hechos constituyen homicidio en grado de tentativa.
Pese a la contundencia de los testimonios y el dictamen pericial, el denunciante sostiene que el agresor está utilizando recursos económicos para manipular el proceso y evitar ser vinculado. La audiencia crucial en este caso ha sido fijada para el 10 de noviembre.
El denunciante reitera que el abogado S. Q. y los demandados se jactan abiertamente de contar con protección y apoyo de grandes esferas empresariales, incluyendo al Grupo Palace (Chapur).
Esta presunción de impunidad es lo que, según el afectado, ha permitido que las denuncias en su contra sigan un curso rápido, mientras que las que ha interpuesto permanecen “detenidas” desde hace meses.
El afectado ha señalado que, ante la falta de respuesta de la Fiscalía local y el evidente conflicto de interés, ha enviado correos a instancias federales como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el departamento de corrupción de la FGE, sin obtener una solución que destrabe el caso.
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Hasta el momento, y a pesar de la gravedad de las acusaciones y el tiempo transcurrido, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo no ha emitido ninguna postura oficial ni ha desmentido las denuncias de corrupción y tráfico de influencias que paralizan la impartición de justicia en este caso.
