AYUNTAMIENTO BAJO LUPA: ANALIZAN CONCESIÓN DE PLAYAPARQ ANTE INCREMENTO DE QUEJAS POR INMOVILIZADORES EN PLAYA DEL CARMEN
Redacción Macronews.– El Ayuntamiento de Solidaridad ha iniciado un proceso de revisión exhaustiva sobre la operatividad de la empresa PlayaParq, concesionaria de los parquímetros en Playa del Carmen, tras un repunte significativo en las denuncias ciudadanas. El regidor Javier Renán Santos Morales, presidente de la Comisión de Movilidad, Trabajo y Previsión Social, confirmó que el cuerpo de concejales analiza las prácticas de la compañía debido a una percepción de abuso sistemático, centrada principalmente en la aplicación de inmovilizadores —conocidos como «arañas»— de forma inmediata al vencimiento del tiempo pagado, sin otorgar un margen de tolerancia razonable.
La problemática ha escalado a las instancias municipales debido a que, según los reportes, el personal de la empresa permanece junto a los vehículos a la espera de que el cronómetro llegue a cero para proceder con la sanción. Esta falta de flexibilidad se agrava con el hecho de que un porcentaje considerable de los parquímetros se encuentran fuera de servicio, obligando a los usuarios a desplazarse múltiples cuadras para realizar el pago, lo que paradójicamente consume el tiempo de estacionamiento y deriva en multas injustas. Santos Morales señaló que se busca establecer un criterio de tolerancia unificado con la Dirección de Tránsito Municipal para proteger la economía de los residentes y la imagen del destino.
Ante esta situación, el Ayuntamiento gestiona una reunión de carácter urgente con la nueva dirección de PlayaParq para auditar el funcionamiento del sistema y corregir las deficiencias técnicas. El objetivo de la administración municipal es garantizar que el servicio sea justo y transparente, evitando que la gestión del espacio público se convierta en una práctica recaudatoria agresiva que afecte el bienestar de los trabajadores y turistas en el corazón de la Riviera Maya. De no corregirse estas anomalías, no se descartan medidas administrativas más severas conforme a lo estipulado en el contrato de concesión.
