Redacción Macronews.- En los últimos meses, autoridades y empresarios de Tulum han denunciado una campaña de desprestigio impulsada presuntamente por influencers, con fines políticos, que habría contribuido a una caída en la afluencia turística de entre el 30 % y 40 % según estimaciones locales.
El alcalde Diego Castañón Trejo declaró que varios videos y publicaciones virales muestran playas vacías, restaurantes cerrados y calles desiertas, con versiones “descontextualizadas o falsas” que buscan erosionar la confianza en el destino turístico y promover agendas partidistas. Aunque no ha presentado evidencia pública sobre los responsables, afirmó que dicha estrategia tiene respaldo económico y que los contenidos estarían “politizados”.
Castañón Trejo reconoció que el municipio ha enfrentado una baja en visitantes, pero atribuye ese desplome a la temporada baja histórica, no a una crisis estructural de seguridad o imagen. En ese sentido, aseguró que los índices de delitos han disminuido más del 60 % en comparación con periodos anteriores, lo cual —según él— respalda que Tulum mantiene “estabilidad” para el turismo.
Además, el edil sostuvo que su gobierno mantiene coordinación con instancias estatales y federales para relanzar la marca Tulum a nivel internacional. Explicó que ya se han abierto 25 accesos públicos gratuitos a las playas con apoyo del sector privado, y que participarán en ferias internacionales en ciudades como Londres y Madrid. También anunció una campaña de transparencia para tarifas de transporte mediante códigos QR visibles en espacios públicos.
La reacción de empresarios y vecinos fue mixta. Algunos coincidieron en que cualquier daño a la reputación del destino, incluso si parte de él es legítimo, debe atenderse con diálogo. Otros advirtieron que criticar sin autocrítica podría exacerbar el descrédito que muchas voces aseguran ya existe y afecta a los locales que viven del turismo.
Por ahora, no se han identificado oficialmente los perfiles o grupos detrás de la campaña señalada, aunque el señalamiento público responde a una creciente tensión entre quienes reconocen problemas reales (como sobreprecios, saturación y daños medioambientales) y quienes defienden la versión institucional de “normalidad bajo ataque mediático”.
