El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó por múltiples abusos sexuales a una ONG encargada de albergar a los niños migrantes no acompañados por adultos que cruzan la frontera desde México.
La demanda dice que la institución texana Southwest Key “ha incurrido en un patrón de abuso sexual y acoso a niños no acompañados en refugios” por lo menos entre los años 2015 y 2023.
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Southwest Key está registrada como organización civil en Austin, desde el 2007 hay trabajado al servicio del gobierno.
El acoso sexual a los niños en refugios donde un niño debiera estar seguro es abusivo, deshumanizador e ilegal”, advirtió la Fiscal General Adjunta de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, Kristen Clarke.
Por su parte, el fiscal federal Jaime Esparza, del distrito oeste de Texas, se comprometió a proporcionar “justicia y alivio para niños migrantes no acompañados, que se encuentran entre las personas más vulnerables en nuestra sociedad”.
Son niños que llegaron en busca del sueño americano y en cambio los sometieron a una pesadilla” de abuso sexual, declaró el fiscal federal en el sur de Texas, Alamdar Hamdani.
Southwest Key opera 29 refugios de alojamiento temporal para niños no acompañados en Texas, Arizona y California; es el mayor proveedor de vivienda para niños no acompañados en Estados Unidos.
Una investigación del Departamento de Justicia encontró que los empleados de esa ONG, que debiera proteger niños, incurrieron en “acoso sexual severo o generalizado, contacto sexual, contactos inapropiados, solicitud de actos sexuales, solicitud de fotos desnudos, ruegos para relaciones inapropiadas y comentarios sexuales”.
La demanda también argumenta que Southwest Key “no adoptó medidas para prevenir el acoso sexual a los niños ni se apegó a los requisitos federales para prevenir, detectar y denunciar abusos, incluido el acoso sexual”.
Por el contrario, sus empleados amenazaban con actos de violencia a los menores que se negaban a complacerlos y con advertencias de represalias si hablaban de los abusos.
La demanda exige tres medidas simultáneas: indemnizar económicamente a los niños perjudicados, una sanción civil para reivindicar el interés público y una orden judicial que exija a Southwest Key tomar las medidas adecuadas para prevenir dicho acoso en el futuro.
Cuando la administración del expresidente Donald Trump comenzó a separar a bebés y niños pequeños de sus padres, al considerarlos delincuentes por cruzar la frontera en busca de asilo, fue Southwest Key la que se encargó de distanciar a los menores.
De acuerdo con datos de la corte federal en San Diego, la ONG separó de sus padres a unos cinco mil menores de edad, desde bebés hasta adolescentes. Muchos padres fueron después deportados sin volver a ver a sus hijos, como medida de disuasión para detener la migración, una idea del asesor legal de Trump, Stephen Miller.
Southwest Key ha recibido unos seis mil millones de dólares del gobierno federal como pago para que cuidara a los menores que se entregan en la frontera al llegar sin compañía de adultos, por lo general huyendo de la violencia en sus lugares de origen.
Tan solo uno de los testimonios que recogió el Departamento de Justicia menciona a una empleada de Southwest Key que abusó de una niña centroamericana de 5 años, otra de 8 y otra más de 11 años, a las que amenazó con matar a sus familias si llegaban a revelar los abusos.
Asimismo, un supervisor cambió su turno a la noche para violar sistemáticamente a una adolescente.
El secretario de Salud, Xavier Becerra, quien fue el procurador general de California, externó su preocupación por el modo de operar de Southwest Key con abusos sistemáticos.
Southwest Key trabaja en coordinación con ese departamento.
El Centro Young de los Derechos de los Niños Migrantes dijo a Excélsior que pedirá al Congreso una iniciativa para proteger los derechos de los niños migrantes, y garantizar su seguridad y su bienestar.
Ese centro declaró que se debe proporcionar a los niños migrantes la oportunidad de estar con sus familias como prioridad.
VULNERABLES ANTE MALA ALIMENTACIÓN
La ONG World Vision ha alertado de que los niños migrantes y afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe son los más vulnerables ante la inseguridad alimentaria a pesar de que ambas regiones producen casi un tercio de los alimentos disponibles en todo el mundo y son responsables del 25% de la producción agrícola.
La organización ha realizado una encuesta a nivel regional tras la que se desprende que seis de cada diez niños migrantes –la mitad de ellos afrodescendientes y otro tercio indígenas– han experimentado algún tipo de inseguridad alimentaria en los últimos seis meses, según recoge el último informe de World Vision.
En el caso de los menores migrantes, cerca de 40% ha afirmado que sus padres o cuidadores en algún momento han tenido que saltarse alguna comida o pedir alimentos a familiares y conocidos para dar de comer a sus hijos. Además, uno de cada diez asegura hacer una sola comida al día.
Por su parte, tres de cada cuatro menores afrodescendientes encuestados aseguran recibir menos de tres comidas al día.
En general, la mayoría de niños y adultos encuestados apuntan a que los bajos ingresos, o incluso la ausencia total de ellos, es el principal obstáculo para acceder a alimentos precisamente en la región en que más caro es seguir una dieta saludable, según World Vision.
De hecho, un 30% de los encuestados ha reconocido que “rara vez” comen sano en casa.
-DPA
SANCIONES
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, sancionó a la organización Karim HSO encabezada por el matrimonio formado por la mexicana Veronica Roblero Pivaral y el originario de Sierra Leona, Abdul Karim Conteh, dedicada al tráfico de migrantes desde diversos países de Centroamérica e incluso Europa y Asia, a Estados Unidos.
