La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la XVII Legislatura analiza una iniciativa de ley para aplicar sanciones más rigurosas a desarrolladores inmobiliarios y hoteleros que contaminen el medio ambiente.
La propuesta fue presentada por la diputada con licencia, Andrea del Rosario González Loría, quien presidía la citada comisión legislativa.
Al respecto, el legislador Ricardo Velazco Rodríguez señaló que este planteamiento pretende tipificar varios delitos, a fin de inhibir el deterioro ambiental.
“A quien lo haga se le aplicará penas mucho más severas; por el momento está en estudio, análisis y discusión por parte de la comisión para luego elaborar un dictamen”.
Miembro de la Comisión de Medio Ambiente, Velazco Rodríguez señaló que el crecimiento turístico en el estado ha traído consigo un gran número de daños ecológicos.
Ante ello, se pretende que los proyectos a desarrollar tengan estudios de factibilidad, de capacidad de aguas negras o sustancias consideradas peligrosas que atenten contra el manto freático o las aguas marítimas.
Asimismo, proveer agua potable, energías limpias, alcantarillado y basura; “que se tengan las condiciones para generar estos servicios”, comentó.
Permisos y sanciones
Velazco Rodríguez subrayó que estos proyectos deben contar con todos los permisos municipales, estatales y federales.
“Si todo marcha bien, en la segunda quincena de mayo se debe pasar al pleno. Se busca que los empresarios no se vayan por las malas prácticas y que haya una planeación ordenada, eficiente y competitiva”.
La iniciativa indica de uno a nueve años de prisión, y de 300 a 3,000 días de salario como multa para aquel que genere descargas de aguas o sustancias consideradas peligrosas al manto freático o las aguas marítimas.
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En Tulum
Tulum es uno de los municipios que más sufre de problemas graves en cuanto a drenaje, manejo de residuos sólidos y suministro de agua potable.
Esto es algo complicado de resolver por el crecimiento explosivo del municipio, señaló al respecto Gerardo Gómez Nieto, director de Sylvatica Consultores.
“La mayoría de los desarrollos se realizan de manera ilegal, sólo tramitan la licencia municipal y no el cambio de uso de suelo, que es obligado a nivel nacional; mucho menos la autorización del Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) federal o estatal”. Gerardo Gómez Nieto.
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El biólogo explicó que se parte de un hecho en el cual se beneficia el desarrollo por el pago de una licencia municipal.
“Esto está creando un problema que hasta el momento no lo hemos visto detonar, pero la falta de servicios básicos para una ciudad es grave”.
“Quisiera ver una solución integral a esta problemática, aunque eso implicaría una inversión cuantiosa para poder resolverlo”, aseguró.
fuente: 24 horas
