Ante la posible llegada de empresas que presten servicios de renta de auto con chofer, como Uber y Cabify, el Congreso de Quintana Roo aprobó modificaciones a su Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías Carreteras para que puedan operar en el estado.
Con las nuevas disposiciones, se establece que “no será servicio público de transporte de pasajeros el que se pretenda brindar o se brinde por particulares sin autorización del titular del Poder Ejecutivo”. Además, deja en claro que tampoco entra en esta categoría el servicio que “se haya solicitado y pactado por medio de contrato verbal, escrito o por servicios electrónicos, informáticos, Internet o correo electrónico”.
Además, las reformas de ley dejan en manos del gobernador “expedir las concesiones y permisos para el servicio público del transporte, explotación de vías, carreteras y servicios (…) en la jurisdicción estatal, previa tramitación ante la Dirección de Comunicaciones y Transportes, con excepción del transporte urbano de pasajeros en ruta establecida”.
Con estas medidas, Quintana Roo se convierte oficialmente en la primera entidad que abiertamente prohíbe a este tipo de empresas prestar sus servicios.
Para ofrecer una alternativa a estos servicios, el gobierno de la entidad creó la aplicación Quiero Taxi, que se utilizará de manera parecida Uber o Cabify, anunció Éric Castillo Alonzo, secretario general del sindicado de taxistas del municipio de Benito Juárez, quien declaró: “Uber ya no tiene razón de ser. Somos el primer estado del país que veta a Uber antes de que venga”.
Hay ejemplos: en el estado de México hay una declaración del gobernador, ‘aquí no entra Uber’, pero una cosa es una declaración y otra que un congreso manifieste que es ilegal que entre, y si lo intentan no enfrentarán a los taxistas, sino a las autoridades.
Además, Castillo adelantó que taxistas de Yucatán y Campeche ya promueven legislaciones homólogas, ante la posible llegada de estas empresas a dichos estados, pues tienen informes de que ya tramitan permisos para operar.
La Comisión Federal de Competencia emitió un comunicado semanas atrás en el que recomendaba a los poderes ejecutivo y legislativo de los estados a aceptar estas empresas como “una nueva categoría de transporte”.
(Fuente La Verdad)
