El caso más reciente es el de las 26 mujeres liberadas en Cancún el viernes pasado; la FGE ofrece nuevos detalles
En lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha logrado rescatar a 133 víctimas de trata de personas, gracias a una serie de operativos realizados en distintos puntos del estado. La cifra incluye a mujeres mexicanas y extranjeras, así como a niñas, niños y adolescentes.
El caso más reciente se registró el pasado viernes 9 de mayo en Cancún, cuando un cateo en dos inmuebles de la supermanzana 66 permitió liberar a 26 mujeres que eran explotadas sexualmente. De ellas, 21 son mexicanas y cinco colombianas, quienes eran obligadas a prestar servicios sexuales por 250 pesos, de los cuales debían entregar 70 pesos a un encargado que acudía al lugar cada dos días para cobrar.
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En ese sitio, la Fiscalía halló bitácoras de cobro que revelan un ingreso mensual aproximado de 160 mil pesos para los tratantes. Las mexicanas decidieron volver con sus familias tras ser entrevistadas por las autoridades, mientras que las extranjeras fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por su estatus migratorio irregular.
¿De qué países son las víctimas rescatadas por trata en Quintana Roo?
El fiscal Raciel López Salazar subrayó que, solo en lo que va de 2025, se han iniciado 61 carpetas de investigación por trata de personas, se han ejecutado 19 cateos y se ha detenido a siete personas. Las víctimas rescatadas son principalmente mexicanas (101), pero también se identificaron personas originarias de Colombia, Cuba, Venezuela, Argentina, India, Perú, Belice, Brasil, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Italia y Noruega.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Quintana Roo ocupó en marzo el primer lugar a nivel nacional en número de investigaciones iniciadas por trata. Este posicionamiento, lejos de alarmar, es reflejo —según las autoridades— de una política activa de detección, atención y desmantelamiento de redes.
El gobierno estatal ha reforzado sus acciones con operativos constantes, seguimiento legal a los casos y coordinación con instancias como el Instituto Nacional de Migración y organismos de protección de derechos humanos. La prioridad, asegura la Fiscalía, es proteger a las víctimas, brindarles apoyo integral y asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.
