El Gobierno de México publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto presidencial mediante el cual se expropian por causa de utilidad pública más de 66 hectáreas de propiedad privada para dar continuidad a la construcción del Tren Maya, uno de los principales proyectos de infraestructura del país.
De acuerdo con el documento, la superficie expropiada asciende a 663,181.80 metros cuadrados (equivalente a 66.3 hectáreas), distribuidos en un total de 70 predios ubicados en diversos municipios de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estos predios serán destinados a la ejecución de los tramos 1, 2, 3, 4, 5 y 7 del megaproyecto ferroviario.
La medida fue ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con fundamento en los artículos 27 y 28 de la Constitución, así como en la Ley de Expropiación y otras disposiciones legales aplicables. En el decreto se justifica la acción como parte del interés público para impulsar el desarrollo socioeconómico, turístico y ambiental del sureste mexicano.
El Tren Maya —según se indica en el documento— es considerado el proyecto de infraestructura más importante de los últimos años. Su objetivo es incrementar la derrama económica del turismo en la península de Yucatán, generar empleos, fomentar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente mediante el ordenamiento territorial.
Además, se destaca que el tren funcionará como corredor humanitario, facilitando la entrega de apoyos médicos y alimentarios a comunidades indígenas y zonas marginadas del sureste del país, en concordancia con la estrategia de “Economía Moral y Trabajo” del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.
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El decreto también subraya que la expropiación cumple con lo estipulado en los programas sectoriales de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y de Turismo, ambos del periodo 2020-2024, que señalan al Tren Maya como un eje estratégico para la integración productiva y turística de la región.
Finalmente, el gobierno federal asegura que se garantizará la indemnización correspondiente a los legítimos propietarios de los inmuebles afectados y que se buscará mantener el diálogo con comunidades y pueblos.
FUENTE: QUINTAFUERZA
