REDACCIÓN MACRONEWS POR RENAN MOGUEL.- Eduardo Galaviz Ibarra, presidente del Observatorio Quintana Roo, aseguró que, con la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, basada en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, se requieren de cambios en la organización y estructuras operativas de las corporaciones policiales.
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“Insistimos en que deben de fortalecerse las áreas de investigación en las policías estatal y municipales, pero es oportuno también, considerar en los presupuestos y en los sistemas operativos la utilización de las llamadas «Body Cam» o cámaras corporales integradas en los uniformes de las policías”, aseguró.
Dijo que estos dispositivos tecnológicos pueden ayudar a mejorar la vigilancia de la actuación de los policías, se incorporan a los procesos de transparencia y rendición de cuentas y de la protección de los derechos humanos de los ciudadanos que se encuentren en una situación de interacción con los policías por cualquier motivo.
Además, que también permiten protección a los propios agentes de seguridad ante las denuncias de abuso policial que en ocasiones algunos ciudadanos presentan como argumento para evadir los procesos judiciales.
Galaviz Ibarra resaltó que la utilización de las cámaras corporales y sus videograbaciones, han sido utilizado ya durante muchos años, se inició en Dinamarca en el 2005 y de ahí se puso en práctica en países como Inglaterra, Estados Unidos de América, Brasil y muchos más, en nuestro país ya varios Estados como el del Estado de México, Nuevo León, Querétaro, CdMx y varios más ya lo tienen normado y operando.
“Esto ha permitido que tengan mayor claridad en sus procesos de operación policial, no es algo novedoso en las corporaciones policiales”, expresó.
Comentó que, en Cancún, se ha insistido que pongan en funcionamiento las cerca de 140 cámaras corporales que se les proporcionó desde hace varios años y que bajo el pretexto de que no existe una normatividad para su funcionamiento no las han puesto en uso.
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El presidente del Observatorio Quintana Roo precisó que solamente se requiere que se considere estos dispositivos como parte integrante de su equipamiento y apegarse a un Manual de operación en donde se establezca los momentos en que se prende el dispositivo, como se almacenan las videograbaciones, en qué momento se usan para fines de procesos
de justicia cívica o judiciales etc. Estos Manuales están disponibles en los Estados de la Republica que ya usan este equipamiento y procedimiento, como son en la CDMX, Estado de México, Chihuahua, Colima etc.