Durante las alertas meteorológicas de semanas recientes los trabajadores de Servicios Públicos de Benito Juárez atendieron aproximadamente 5 mil reportes relacionados con el alumbrado, entre reparaciones y cambio de luminarias por insuficiente luminosidad, así como restitución del cableado por robo, afectación o desgaste natural debido al fin de su “vida útil”.
Pareciera una faena simple la de aquella Dirección, pero tiene un trasfondo social, económico, medioambiental y político. De hecho, autoridades del gobierno municipal han dialogado con regidores, miembros del gabinete y expertos para afinar una solución que se antoja más completa que la realizada hasta ahora. Se sabe que hay un proyecto casi listo.
En lo social, la atención referida implica un asunto de seguridad: los benitojuarenses han planteado la necesidad de iluminar áreas verdes y espacios públicos por temor a la delincuencia. Además, se ha comprobado que la incidencia delictiva, así como los accidentes de tránsito, son mayores donde la luz es poca o nula.
Y es que de haber una luz potente tipo Led, se facilita el patrullaje, el reconocimiento facial y la identificación de placas, pero más importante, se genera una percepción de tranquilidad porque se fomentan las actividades nocturnas. Calculan que cerca de un 15% del sistema está fuera de servicio desde hace años, por lo cual se justifica que las quejas en torno al alumbrado sea la segunda más frecuente.
En lo económico: se habla que tal solución ofrecería garantías atractivas, como el no endeudamiento por las características del plan, la mínima inversión municipal (si es que se requiere) y el funcionamiento al 100%, ahorrando así un porcentaje considerable en atención y mantenimiento, ya que al ser nuevas aumentan los años de garantía y “vida útil”.
Según reportes periodísticos se estima que serían más de 50 mil lámparas las que sustituiría la administración de Remberto Estrada. Costaría cerca de 800 millones. Son cifras grandes; aunque si el compromiso es no endeudar a la Comuna y ejecutar una solución económica, social y además ecológica (gracias a la eliminación de gases con efecto invernadero), habría consenso suficiente inclusive más allá del Palacio.
Peor aún, se sabe que dicha infraestructura no cumple con las Normas Oficiales Mexicanas, por lo que recurrir a tecnología vanguardista, pero sobre todo eficiente y “amigable” con el ambiente, es cuestión de sentido común.
En lo político debe celebrarse el consenso por el bien general. En una de las últimas sesiones de Cabildo la solución integral sí fue comentada, confirman regidores de oposición; por lo tanto, el precabildeo, la explicación del marco teórico conceptual, la exposición de los números y el beneficio se habría abordado ya con todas las partes, por lo que el anuncio sería inminente.
Esta capacidad de diálogo le ha caído bien al presidente y su gente: reclamos en diversas áreas han sido desactivados escuchando a los sectores inconformes. Se llama voluntad política, virtud que anteriores administraciones tuvieron respecto a la basura, por ejemplo, que sin embargo ha estado ausente en otras grandes problemáticas de la ciudad.
