A nadie le gusta una ciudad a oscuras. Ni siquiera a quienes se aprovechan de las tinieblas
para cometer faltas administrativas o delitos. No conviene un Cancún donde tramos, calles
y avenidas completas permanezcan en penumbras porque se evidencia una paradoja per se:
un destino que brilla con luces propias en el mundo padece por un mal alumbrado público.
Hace algunas semanas se planteó aquí que el problema de la escasa iluminación en
determinados sectores se debe a la pésima calidad de dicho sistema, que ha llegado al fin de
su vida útil; al mantenimiento irregular –o nulo, para ser tajantes– durante varios trienios, o
al daño intencional provocado principalmente por el vandalismo. Más del 15% de las
luminarias está fuera de servicio.
Pero no profundicé en que, por ejemplo, algunos porcentajes de la inseguridad se explican
por tal situación. Ya que la seguridad es el tema más importante de la administración 2016-
2018 que encabeza Remberto Estrada Barba, como él lo ha sostenido, era lógico abocarse a
darle solución a una problemática notoria, precisamente relacionado con el mal
funcionamiento de la electricidad, ello con el propósito de disfrutar una ciudad con mejores
niveles de luminosidad.
Porque más allá de favorecer el esparcimiento y la recreación de los benitojuarenses sería
un aliciente para seguir bajando los índices delictivos, en un contexto de combate más
efectivo, a juzgar por las cifras recientes divulgadas por Seguridad Pública municipal.
Además de lo anterior, los beneficios son múltiples y diversos. La pretensión de
concesionar responde a una dinámica comprometida desde un principio: el no
endeudamiento. De acuerdo con los gastos reales se requería un presupuesto de 3 mil 885
millones de pesos para seguir operando en las mismas condiciones a las actuales, aunque
implicaría seguir presentando deficiencias.
Por un monto menor, una empresa privada se compromete a modernizar el total con
tecnología de punta, elevando en 50% la luminosidad y manteniendo al menos 95% de
operación constante. A ello debe sumarse el ahorro energético, calculado hasta en 60% por
especialistas, aseguran en Palacio.
En promedio, la concesión costaría unos 171 millones de pesos por año. De no realizarla,
atender las necesidades y mantener el alumbrado público requeriría un presupuesto
adicional de casi 50 millones tan solo este año 2017, que a lo largo de tres lustros sumaría
500 millones para el Ayuntamiento, y claro está, pagados por los cancunenses mediante
impuestos.
Si el proyecto posiciona a la ciudad en un ámbito vanguardia sustentable, no hay mucho
qué pensar en el Congreso del estado, donde deberán decidir este mes al respecto. No más
polémicas fundadas en actitudes ventajistas, exacerbadas al calor de una contienda
electoral: deben decidir por el bien de los ciudadanos, tal como se ha hecho en otras
temáticas.
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