Es difícil romper inercias burocráticas, rutinas procesales y formulismos anquilosados en un quehacer de años, de décadas, a tal grado que se convierten en una manera de ser y de entender el mundo.
El llamado nuevo sistema penal acusatorio ha implicado cambios difíciles de asimilar por estructuras anquilosadas que han formado nudos, cuellos de botella y una manera de actuar que no es fácil echar por la borda.
Para la implementación del nuevo sistema penal acusatorio la federación entregó al estado cientos de millones de pesos que bien a bien no se sabe en que se aplicaron. El nuevo sistema no ha convencido a muchos abogados e incluso el presidente de la Suprema Corte de Justicia ha dicho que pudiera estar en riesgo sino se aplica a plenitud.
En Quintana Roo ha habido un rezago de años en materia de procuración y administración de la justicia. Ya hay nuevos aires en el Tribunal Superior de Justicia, pero no le será fácil al abogado Antonio León sacudir viejas inercias e incluso vicios anquilosados.
Y en la Fiscalía General del Estado también soplas aires renovadores. El abogado Miguel Ángel Pech Cen es un profesional de derecho con amplia y reconocida trayectoria. En la Fiscalía General de estado está realizando una labor que implica realizar cambios y ajustes, los que requieren las reformas legales y las que demanda la sociedad.
Los rezagos que recibió fueron muchos. Pero más allá de eso, los vicios de años en los que la procuración de justicia muchas veces se politizó o simplemente estaba al servicio del mejor postor. El influyentismo estaba a la orden del día. Existían intocables.
El gobierno de Carlos Joaquín tiene serios y severos desafíos. No sólo se trató de destrabar el llamado paquete de impunidad sino de poner en marcha una nueva forma de practicar y de entender la administración pública. En el rubro de la procuración de justicia se marcha bien, y es normal y lógico que se pidan y se exijan mejores resultados, pero hay que entender que prácticamente han tenido que partir de cero.
Y es natural también que haya intereses políticos y económicos que pretendan sabotear la marcha de la procuración de justicia bajo el nuevo esquema legal. La impaciencia de algunos sectores sociales es comprensible, pero no los torpedeos que tienen una clara y manifiesta intencionalidad política.
Hay muchos intereses que se han tocado. Pero es necesario tratar de entender el nuevo panorama, con sensatez y altura de miras.
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