La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma a Ley de Hacienda de Isla Mujeres, al considerar que creó desigualdad tributaria por cambiar las reglas del cobro del derecho de alumbrado público.
Se trata de la impugnación del artículo 115 de la ley referida, aprobada por el Congreso del Estado de Quintana Roo en febrero pasado, que cambió la manera de pago por el derecho de alumbrado público.
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Pasó de establecer la división del concepto de consumo total entre todos los usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de la isla, a cobrarse el 5% a partir del consumo marcado en el recibo de luz por el suministro de energía a los hogares.
La reforma fue propuesta por el ayuntamiento de Isla Mujeres, según la exposición de motivos entregada el 29 de enero último a los legisladores. La reforma tuvo la intención de dar mayor claridad al cobro por este derecho.
No obstante, la CNDH, según el expediente de acción de inconstitucionalidad 30/2025, consideró que el precepto reformado creó desigualdad tributaria porque por el mismo servicio algunos pagarán más y otros menos; antes era parejo para todos los usuarios.
“Se insiste en que el cobro de derechos por alumbrado público solamente puede establecerse en función al costo que le genera la prestación del servicio al municipio de que se trate y que las cuotas deben ser fijas e iguales para los que reciban un idéntico servicio, y no así de manera diferenciada respecto del consumo personal de los habitantes, ya que se trata de un beneficio de toda la comunidad y no de sujetos particulares”, argumentó la CNDH.
La modificación fue publicada para su observancia el 10 de febrero en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, mediante el decreto 100.
El órgano defensor de derechos humanos inmediatamente integró el expediente y presentó la demanda ante la Corte. Estimó que la aplicación de la reforma viola los derechos plasmados en los artículos constitucionales 1, 14, 16 y 31, que protegen la igualdad de las personas, seguridad jurídica y la tributación hacia el Estado mexicano.
Por ahora la Corte determinará si admite la demanda de acción de inconstitucionalidad y, en caso de ser así, serán los próximos ministros tras la elección judicial que resolverán el caso.
