REDACCIÓN MACRONEWS.- En un golpe contundente contra la corrupción municipal, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la detención de Diego Rivera Navarro, presidente municipal de Tequila, junto a tres altos funcionarios de su administración. La captura, realizada en seguimiento a la «Operación Enjambre», se derivó de múltiples denuncias ciudadanas que señalan un esquema de extorsión sistemática contra empresarios y comerciantes, presuntamente operado en complicidad con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Junto al edil morenista, fueron aprehendidos Juan Manuel Pérez Sosa, Director de Seguridad Pública; Juan Gabriel Toribio Villarreal, Director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, Director de Obras Públicas. Las investigaciones federales apuntan a que el grupo encabezaba una red de corrupción que extorsionaba a empresas cerveceras y tequileras de renombre, como José Cuervo. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, había denunciado previamente que Rivera Navarro intentó elevar el impuesto predial hasta 20 veces su valor original para exigir pagos irregulares por 60 millones de pesos, acción que fue frenada por la Subsecretaría de Gobernación.
El historial del alcalde Rivera Navarro ya estaba bajo la lupa desde mayo de 2025, cuando fue citado a declarar tras la proyección de imágenes de «El Mencho», líder del CJNG, durante un concierto en el municipio. Además de los vínculos criminales, el funcionario enfrenta tres denuncias por violencia política de género contra regidoras y señalamientos por usar el Museo Nacional del Tequila (MUNAT) como residencia personal y oficinas privadas.
García Harfuch subrayó que estas detenciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión instruida por la presidencia. La «Operación Enjambre», que inició a finales de 2024, continúa desarticulando redes de impunidad donde servidores públicos utilizan el aparato municipal para favorecer al crimen organizado. Tras la captura, se espera que los implicados sean trasladados para determinar su situación jurídica bajo cargos de extorsión, desvío de recursos y vínculos con la delincuencia organizada.
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