El pasado 03 de mayo fue publicada la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica de Quintana Roo, esta Ley es el resultado de un largo trabajo de la Sociedad Civil, quien a través de Ciudadan@s por la Transparencia, elaboró una propuesta la cual fue presentada ante el Congreso de Quintana Roo y tras un extenso trabajo en el cual la sociedad civil exigió espacios participativos y demandó a la Autoridad, la voluntad política para aprobar una Ley que fomenta la Transparencia como herramienta para acabar con la corrupción en el Estado.
Sin embargo, dentro de los conceptos que fueron parte de los debates más importantes entre la ciudadanía y la la Legislatura, fue la integración de un Consejo Consultivo Ciudadano, como un organo colegiado de asesoría y apoyo para el Instituto (órgano garante), aunque la integración del Consejo fue aprobada, muchas de sus facultades e injerencias fueron recortadas, afectando de manera negativa el desempeño que este Consejo pudiera llegar a tener.
El mismo procedimiento de Convocatoria para formar parte del Consejo Consultivo Ciudadano, pone trabas a la participación ciudadana. La Ley señala un plazo de 5 días para que los interesados presenten su documentación en Chetumal, cuando uno de los requisitos es un trámite de 3 días, lo que hace de la Convocatoria casi imposible, especialmente para los ciudadanos que viven en la zona norte del Estado, o sea, la mayoría.
En esta que sería la primera ocasión en la que se convoca a la ciudadanía para ser parte del Consejo, la Legislatura ya dio muestras de obstaculizar cualquier espacio para la participación ciudadana; la convocatoria fue publicada en el periódico oficial de Quintana Roo, sin embargo, pese a que la misma Ley de Transparencia señala la apertura y publicidad del periódico, éste continua teniendo un costo que va desde los $75 a los $110 pesos por día, lo que lejos de ser un acto de Transparencia, es un mecanismo para dificultar el Acceso a la Información Pública.
La convocatoria presenta las siguientes anomalías, de acuerdo con lo señalado en el artículo 72 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo;
- La difusión de la Convocatoria no se hizo de circulación suficientemente pública de acuerdo a las tecnologías de la información que hay disponibles ahora.
- Pese a que la Convocatoria fue publicada en Periódicos de Circulación conforme la Ley señala, en dichas publicaciones no se señaló con claridad la fecha en la que el plazo comenzaba a correr.
- Las organizaciones de la sociedad civil (por lo menos de la zona norte del Estado), no fueron convocadas para formar parte del Consejo Consultivo,
- Cuando la Convocatoria fue publicada en la página web de la legislatura, en español y en maya de acuerdo a lo señalado por la ley, el plazo para la recepción de documentos ya había finalizado, además de que en la misma no señalaba con claridad la fecha en la que comenzaba a transcurrir el plazo.
Estamos ante una Legislatura que pretende abrir los espacios para la participación ciudadana en materia de transparencia, pero que hace una convocatoria oscura, sin difusión, con un plazo sumamente corto, sobretodo porque es en una zona del territorio en donde no se ubica la mayor parte de la población y con el que pone todas las trabas para que los ciudadanos participen.
Por esta razón, hacemos un llamado a la Legislatura para que modifique el plazo de la convocatoria a un termino realista (por lo menos 15 días) y especialmente, para que respete y le de su lugar al Consejo Consultivo Ciudadano, dándole difusión real a la Convocatoria, anunciando con antelación la fecha en la que la misma saldrá publicada, invitando a la ciudadanía a participar, abriendo de manera gratuita la publicación del Periódico oficial y en su momento, respetando las recomendaciones que haga el Consejo.
