Ayer, sin decir “agua va”, la Procuraduría General de la República presentó sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de los gobernadores y congresos de los estados de Veracruz y Quintana Roo por la aprobación de leyes locales anticorrupción, según dijo el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacional de la PGR, Salvador Sandoval Silva, acompañado del vocero presidencial, Eduardo Sánchez Hernández.
El asunto es que en el caso de Quintana Roo, señalan que el gobierno y Congreso carecen de las facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción, sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes, y por supuesto no pueden hacer nombramientos de funcionarios en la materia.
En cuanto a si los recursos presentados ante la SCJN tienen que ver con tintes políticos, en contra de Roberto Borge, quien han sido acusado por la oposición por impulsar las leyes impugnadas para “blindarse” de demandas en su contra por actos de corrupción una vez que deje el cargo, Sandoval Silva, se fue, como funcionario, por la tangente.
Sin embargo, aseguró que para el gobierno de Enrique Peña Nieto “ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley”, por ser ésta una demanda de la sociedad, “ni más ni menos”.
Carlos Joaquín le pone palomita a la PGR
El gobernador electo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, al conocer las acciones emprendidas por la PGR, de inmediato colgó en su red de la palomita el texto: “Celebro que @PresidenciaMX, atienda la exigencia de los quintanarroenses. Primer logro para revertir #LeyBorge”.
En un comunicado manifestó su aprobación a la decisión de promover la acción de Inconstitucionalidad y la conveniencia de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revise las disposiciones y normas aprobadas recientemente por el Congreso del estado.
Joaquín González asegura que los paquetes de legislaciones y reglamentos, aprobados, son violatorios de la ética y de la ley.
Lo impugnado, para Quintana Roo
La PGR, en el caso particular del Congreso local de esta entidad, son dos los objetos de las acciones presentadas: la facultad al Tribunal de Justicia Administrativa para imponer sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas.
El segundo punto es la facultad del gobernador para nombrar a los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
Que no hay sistema anticorrupción
Por su parte, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, desmintió la creación de un sistema local anticorrupción y afirmó que tiene muy claro, que tendría, siempre, sin excepción alguna, que ajustarse con pleno respeto a las disposiciones, leyes y ordenamientos federales, como es el caso del Sistema Nacional Anticorrupción.
Pero, ¡permítame tantito!, en el caso Quintana Roo, no fue la creación de dicho sistema lo impugnado por la PGR ante la SCJN, sino dos puntos específicos sobre el Tribunal de Justicia Administrativa del estado.
Le recuerdo que fue en las instalaciones del hotel Parnassus de Cancún, en sesión maratónica, que 24 diputados del Congreso de Quintana Roo aprobaron a tres magistrados que integrarán el Tribunal de Justicia Administrativa propuestos, por supuesto, por el Poder Ejecutivo. Eso, además de 31 cuentas públicas.
Minerva Maribel Moreno, que anteriormente fungía como subsecretaria de la Dirección de Ingresos en la Secretaría de Finanzas y Planeación; César Cervera Paniagua, quien entre otros cargos ha sido notario público, director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, director de la Unidad de Vinculación y Transparencia del Congreso local en dos legislaturas, secretario general del Teqroo, así como diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia, y Jorge Herrera Aguilar, que antes fue titular de la Dirección de Apoyo Jurídico en el Poder Legislativo, fueron designados magistrados del TJA por un periodo de siete años, eso con posibilidad de repetir, como eructo, y ser reelectos por otro periodo.
Entre sus facultades tendrían dirimir las controversias que se registren entre la administración pública estatal y municipal, así como los particulares e imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a servidores públicos estatales y municipales e incluso particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
También podrían fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias derivadas de daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. Algo así como lo que se plantea en el Sistema Nacional Anticorrupción, pero remasterizado. La misma puerca, pero revolcada. Son esos nombramientos los que la SCJN pueden calificar de inconstitucionales y pedir al Congreso local los modifique.
Brincan de alegría
El diputado local electo del Partido de la Revolución Democrática en Quintana Roo, Emiliano Ramos Hernández, no cabía de felicidad después de conocer la acción del gobierno federal a través de la Procuraduría General de la República. Dice, se le adelantaron, jijijiji, pues en el PRD se preparaban para presentar un alegato de inconstitucionalidad, ya que el Congreso local no podía reformar esas leyes y mucho menos antes de que sea promulgada la Ley Anticorrupción en todo el país, por lo que ya le ahorraron el trabajo.
Ramos Hernández, por primera vez en su perredista vida, calificó de saludable el desempeño del gobierno de la República, y le puso palomita buena onda a Enrique Peña Nieto. Sin embargo, dijo, la Presidencia es también responsable de los engendros que creó, por lo que es lo menos que podía Peña hacer al respecto.
Panistas seguirán en pugna
El dirigente del Partido Acción Nacional en Cancún, Eduardo Pacho Gallegos, aunque se alegró de que la Procuraduría General de la República presentara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad, por dos puntos sobre el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, aseguró que los albiazules buscarán revocar los nombramientos aprobados por el Congreso del estado, desde el fiscal, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Auditor Superior.
Preparan pachanga
Trascendió que el dirigente nacional del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya Cortés, estará en Cancún este martes para reunirse el gobernador electo, Carlos Joaquín González y demás autoridades que resultaron electas, para agradecer el esfuerzo de los panistas para lograr un triunfo histórico el pasado 5 de junio en las urnas.
Perooooo, no es a los menos de 2 mil “panuchos” quintanarroenses, a los que debe agradecer los 149,113 sufragios obtenidos por el PAN, sino a diversas “circunstancias” que hicieron a Carlos Joaquín levantarse con el triunfo. Además, también celebrarán, por supuesto, las acciones emprendidas por la PGR contra las aprobaciones realizadas en el Congreso local. Como decía el gran mimo de México “Cantinflas”, “hay momentos en la vida que son verdaderamente momentáneos”.
Libertad de expresión
En unos días será presentada en la Subprocuraduría de Delitos Contra Periodistas de la PGR una denuncia de hechos contra el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y su director de Comunicación Social, Rangel Rosado, por actos que limitan, amenazan y coartan la libertad de expresión. En conferencia de prensa en la capital del país se darán pormenores del caso…Tantán.
