CORRE LA VOZ
Por: Jorge Castro Noriega
Con el aval otorgado ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la reformada Ley Electoral de Quintana Roo, los partidos políticos que se frotan las manos por la gubernatura pueden respirar tranquilos pues, por lo pronto, ningún ex militante que por propia decisión o empujado por conflictos internos haya abandonado sus filas los dos últimos años, podrá siquiera registrarse como candidato para disputarles el jugoso “hueso” por la vía independiente, tan atractiva para la ciudadanía pero tan Inconveniente para ellos.
El duro revés que la mera popularidad de un personaje como Jaime Rodríguez, “El Bronco”, les propinó a los partidos en Nuevo León al entronizarse en la gubernatura sin necesidad de ondear banderas políticas de ningún color ni de ceder a condiciones de líderes ambiciosos, fue el parteaguas para que en varios estados del país los gobiernos y sus respectivos institutos políticos instrumentaran mecanismos de restricción electoral que prácticamente impidiera que el “broncazo” se volviera a repetir.
Tan sólo en el 2015, nueve entidades reformaron sus leyes en la materia con la clara finalidad de evitar ser desplazados por candidatos independientes que, animados por el ejemplo del “Bronco” neoleonés, empezaron a surgir por todos lados, esperanzados con que la fórmula pudiera ser tan fácilmente la misma y que en todos lados aplicara igual.
Se entiende el instinto de supervivencia de los partidos políticos ante la posible repetición y multiplicación de ese fenómeno electoral que arrasó en el estado más rico y pujante del norte de México, pues para nada les era conveniente que ciudadanos comunes y corrientes, investidos únicamente con un gran respaldo popular por sus ganas de hacer bien las cosas sin necesidad de llevar por delante de su compromiso las siglas de un organismo, les comieran el mandado. Porque hay mucho en juego para todos: dinero, poder, cargos públicos, posiciones políticas, privilegios, negocios y hasta impunidad. Y, pues, había que defenderlo.
Sin embargo, la figura del candidato independiente también despertó un monstruo de conveniencias y ambiciones personales: una oleada de militantes que sintiéndose mal queridos o desaprovechados, o bien que sin tener merecimientos suficientes sólo deseaban el poder por el poder, se empezaron a despojar con gran cachaza de sus ropajes partidistas y renegando del instituto del que comieron por años pretendieron montarse de forma oportunista en la atractiva tendencia “bronquista” y fue ahí donde los partidos, de plano, se preocuparon más todavía.
Entre febrero y noviembre del año pasado, los partidos mayoritarios en Veracruz,Chihuahua, Tamaulipas, Durango,Sinaloa, Puebla, Baja California, Tlaxcala y Quintana Roo llevaron a sus Congresos sendas reformas electorales con “candados” para evitar no sólo que ciudadanos comunes pudieran aspirar a un cargo de elección popular, sino también para evitar que sus propios ex correligionarios se convirtieran en los enemigos a vencer en las urnas, con el disfraz de “independientes”.
En casi todos los requisitos para los candidatos sin partido fueron los mismos: contar con el apoyo de entre un 5% y un 3% del electorado, ratificar sus simpatizantes personalmente sus firmas ante la autoridad electoral y no haber militado en ningún partido entre dos y tres años previamente.
En polémica sesión legislativa, en Quintana Roo la llamada “Ley Antibroncos” cerró en dos años la no militancia y considerando excesiva la restricción PAN y PRD promovieron un recurso de Controversia Constitucional ante la SCJN en noviembre, cuando ya para entonces y ante la falta de cuadros políticos de peso volteaban a ver con no tan malos ojos al todavía subsecretario federal de Turismo, Carlos Joaquín González, con quien, reconocieron, entablaron pláticas desde ahí anticipándose al hecho de que su partido, elPRI, no lo eligiera a él como su candidato a la gubernatura.
Como se sabe, ante la polarización del proceso interno esta semana Joaquín Gonzálezdimitió a su militancia de 17 años en el tricolor y si bien –apenas cerraba el micrófono ante los medios– los líderes del perredismo nacional le sirvieron de inmediato en bandeja de plata la candidatura, éste se mantuvo cauteloso y apenas ayer en su portal de Facebook publicó unsticker donde aseguraba que aún no tomaba la decisión de competir desde otro partido político y que estaba “analizando” la posibilidad de irse como independiente.
Claro que le apostaba a que la SCJN resolviera a favor de los demandantes y desechara el requisito de no militancia que le impedía registrarse como el “Bronco” quintanarroense, pero con el revés otorgado ayer por la Corte, que validó la reforma electoral del estado,Carlos Joaquín ya no tiene más camino que vestirse de amarillo o azul y seguir de frente.
El dictamen judicial establece que sólo podrán inscribirse y participar en las elecciones para gobernador de este año aquellos ciudadanos que no hayan militado los últimos dos años en ningún instituto político, por lo que dicha medida ataja la posibilidad no sólo del hoy ex priísta, sino también del ex perredista Julián Ricalde y el ex petista Gregorio Sánchez, quienes también habían manifestado hartas ganas de ser llamados, a partir de junio, “señor gobernador”.