Quintana Roo es líder en empleo. Lo ha sido con una racha inédita durante meses consecutivos e incluso en temporadas antes consideradas bajas. Es cierto que los puestos laborales son generados, en su mayoría, por la iniciativa privada, y que el gobierno sólo crea una parte; pero éste modifica y mejora las condiciones, haciéndolas más atractivas para la inversión.
El liderazgo del estado en la materia se debe a la promoción turística y al crecimiento económico principalmente, aunque también a las facilidades para invertir y a las certezas que les deben brindar las autoridades a los señores del capital. Se ha hecho como nunca antes, porque además de concebir tales condiciones, han corregido los errores y perfeccionado el marco legal.
Un ejemplo reciente es el acuerdo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el Consejo Coordinador Empresarial, mediante el cual pretenden acabar con malas prácticas de abogados, quienes se aprovechaban de empleados para obtener con artimañas casi todas las ganancias de un juicio.
Enrique de la Cruz Pineda, subsecretario en la zona norte, sintetiza el procedimiento así: “Llegaba un trabajador a la Junta de Conciliación y Arbitraje a interponer una demanda por despido injustificado y un litigante lo convencía de que inventara más años de empleado del que fue y con un sueldo mayor que el real. El actuario daba aviso, y el personal de las empresas no avisaba a su vez al dueño, quien no se enteraba, por lo que perdía en automático el caso. Sólo se percataba cuando un juez ordenaba el embargo de sus cuentas.
“El acuerdo firmado establece que desde ahora, cuando un juez dictamine que gana el trabajador, y por consiguiente embargue las cuentas bancarias, los propietarios de las empresas tendrán hasta 15 días para ampararse contra este dictamen, ya que anteriormente el pago al demandante ganador era inmediato”.
En la Secretaría de Patricio de la Peña recibían innumerables quejas de esta naturaleza. Comprobaron el engaño cuando empezaron a pedir que se les devolviera el dinero y era ya imposible localizar al extrabajador, con la obvia complicidad del litigante que lo manipuló.
Ante estas irregularidades, que por cierto no contemplaba la ley, grupos empresariales adheridos a cámaras solicitaron medidas para acabar con desfalcos por no desconocer estas querellas, y se les respondió eficazmente.
“Hubo casos en los que el empleado ganaba la demanda pero tenía derecho, por ejemplo, a un finiquito de 150 mil pesos, aunque como su abogado le había dicho que sus ingresos eran superiores a los reales, se le pagaban millones de pesos. Claro, un alto porcentaje se lo quedaba el abogado”, explica De la Cruz.
Es un convenio reciente, a tiempo y completo, que intentará erradicar una práctica mañosa de abogados y que beneficiará al trabajador, pues no será víctima de la ambición y de un delito que, de ser denunciado y comprobarse, tendría otras repercusiones.
Me parece atinado. Lo mismo en la lucha contra el coyotaje que dan afuera de las oficinas, el manual de procedimientos para homologar criterios en las Juntas, la inversión en mobiliario, la digitalización de los expedientes y los filtros impuestos para casos cuyos laudos antes eran resueltos en tiempo récord en contra de trabajadores o empresarios.
En definitiva, se trata de enmendar los errores, de robustecer el marco legal, de proteger los derechos de todos los trabajadores y también de brindar certezas a los patrones, que son quienes siguen apostando a un estado lleno de oportunidades.
Estas acciones favorecen una mejor relación entre empleadores y subordinados, fomentando más confianza entre las partes, lo cual a la postre impacta en la productividad y en otros ámbitos del desarrollo profesional.
