CORRE LA VOZ
Por: Jorge Castro Noriega
CUANDO LA LEY FUNCIONA
Tras la tempestad desatada por las fraudulentas transacciones inmobiliarias y juicios laborales en la pasada administración estatal para despojar a sus legítimos propietarios de valiosos predios costeros en Tulum y condominios de lujo en Cancún, se asoman tiempos de calma y certeza.
Para Wexford James Tobin Cunningham, ex presidente de la Asociación Mexicana de Profesionistas Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, el Registro Público de la Propiedad se ha convertido en un mecanismo confiable -¿acaso no lo era?- que le da transparencia al sector y permitirá que se haga justicia en procesos y juicios laborales, que por años se mantuvieron amañados por deshonestos gobernantes y funcionarios en turno. Según este profesional inmobiliario, desde el RPP se pueden poner “candados” para evitar la comercialización de predios involucrados en procesos legales, ya sea mercantiles o laborales, como es el caso de los valiosos terrenos que el IPAE en tiempos de Roberto Borge remató a amigos y familiares a precios ridículos.
En el mismo tenor, el presidente de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Luis Armando Esquiel Orozco, considera que bien manejado y con transparencia, el RPP ayuda también a detectar empresarios o empresas que no quieren cubrir o atender demandas laborales, que hasta hace poco eran letra muerta bajo el manto de impunidad que el amiguísimo con el poder proveía.
Tan sólo para citar un ejemplo de que las cosas pueden cambiar en estas instituciones utilizadas hasta hace poco para el fraude y el despojo, apenas el 4 de enero pasado la Junta Especial número 3 de Conciliación y Arbitraje instruyó a bancos y organismos financieros ubicar las cuentas bancarias del conocido empresario de bienes raíces Arturo Marcelín Martínez, “congelando” una suma de más de 11 millones de pesos a favor de un ex empleado al que se negaba a indemnizar.
Se sabe que también le fueron aseguradas costosas propiedades, producto del juicio laboral 1151/2009 radicado en su contra en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, mismo que durante el Gobierno anterior no prosperó.
En seguimiento al mismo expediente laboral, la Junta ordenó al RPP el embargo de cinco propiedades, tres de las cuales pertenecen al empresario: una suite en el condominio Las Brisas de Cancún, una propiedad comercial en la colonia Alfredo V. Bonfil y un inmueble ubicado en la Súpermanzana 307.
Las otras dos son una suite en la Zona Hotelera y otro inmueble en la Súpermanzana 28 de Cancún, registrados a nombre de Gerardo Mancini, cercano colaborador de Arturo Marcelín.
Cabe mencionar que de acuerdo a su sitio web, Marcelín inició sus actividades empresariales en 1972 con una empresa dedicada a la promoción y venta de caracoles en Hawai, llegando a Cancún en 1982 donde se enfocó a Ventas y Mercadotecnia hotelera.
Con un estilo de vida glamoroso, según él mismo exhibe en su web, el empresario hoy sujeto al escrutinio de la ley laboral puede ser un claro ejemplo de en lo que coinciden Tobin Cunningham y Esquivel Orozco: la impunidad para fabricar y torcer juicios laborales con objetivos ilícitos, parecen ir quedando en el pasado.
