El Plan Estatal de Desarrollo presentado en la semana por el gobernador Carlos Joaquín González, pero que fue publicado en el Periódico Oficial desde el 25 de enero, salvando un requisito legal en el que casi nadie reparó, es un documento muy amplio, completo y documentado, mas en muchos casos debe ser entendido como rector del proyecto joaquinista de gobierno y no como un recetario para las acciones concretas. Esto quiere decir que para pasar de lo ejecutivo a lo operativo y, entonces, poner manos a la obra, es necesario articular esfuerzos de secretarías y organismos en planes mucho más concretos y, por ende realizables.
Esto ya venía perfilándose desde hace tiempo, pero se trata de estrategias que, si bien no son secretas, el gobernador ha decidido mantener con bajo perfil mediático y sin transmitir la impresión de que hay “supersecretarías” por encima de las dependencias constitucionales. Se trata, pues, de coordinar y no de avasallar, de facilitar y en lo posible expeditar las acciones que se emprenderán. Entre otras cosas, el carácter meramente técnico de las organizaciones alternas busca concitar las voluntades del gabinete evitando ocasionar celos, envidias y sensaciones equivocadas de falta de poder de decisión en el primer equipo del gobernador.
La labor encomendada al titular del Instituto para la Planeación y el Financiamiento del Estado, Carlos Orvañanos Rea, encuadra precisamente en la extraña condición descrita, pues para Carlos Joaquín es prioritario evitar que sus estrategias –que no sólo se pensaron con impacto a seis años, sino a un par de décadas– naufraguen por la política, como le sucedió a Joaquín Hendricks Díaz con su Plan 20-25, que en su propio nombre llevaba ya el pomposo calificativo de “Gran Visión”, supeditando de alguna manera su plan de gobierno a un proyecto que era muy bueno, pero que hizo que sus oscuros responsables acabaran pasando como jefes plenipotenciarios de los titulares de las dependencias, excepción hecha de los secretarios de Desarrollo Económico Artemio Santos Santos y de Planeación y Desarrollo Regional Iván Hernández Pacheco, brillantes planificadores que participaron en su diseño de la mano de expertos del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
Cuando el 16 de enero pasado se presentó la plataforma del instituto Pro Quintana Roo se arrojaron dos propósitos que no son tan explícitos en el Plan Estatal de Desarrollo, pero que se pretende sirvan para instrumentar sus lineamientos en acciones concretas de gobierno. En ese evento muy poco atendido –como tal vez se quería que fuera– y con la presencia y voz cantante de la titular de la Sede, Rosa Elena Lozano Vázquez, se dijo que “la prioridad es reactivar la zona sur del estado mediante la atracción de inversiones tecnológicas, digitales, agroindustria, movilidad de mercancías y activación de puertos” y que la intención es crear “más y mejores oportunidades para la inversión y el comercio”, pero ya entrando en materia fue Orvañanos quien hizo importantes precisiones para la diversificación económica que busca el primer eje del plan presentado en la semana. Citamos el comunicado oficial de entonces:
“Quintana Roo cuenta con toda la infraestructura, potencial y mano de preparada seguir recibiendo más inversiones que permita diversificar la economía entre el sur y norte de la entidad, para abatir la desigualdad y que la gente tenga mayor calidad de vida (…)”.
“Por su parte, Carlos Orvañanos Rea, (…) explicó que Pro Quintana Roo tiene como objetivos promover la diversificación económica del Estado y para ello se han realizado una serie de estudios que han derivado en acciones estratégicas de inversión, como son la logística y movilidad de mercancías; también se promoverá la agroindustria, la cual tiene una gran potencial para detonar, principalmente el campo quintanarroense de la zona sur, lo que dará más y mejores oportunidades para todos”.
“Con la presencia del secretario de Finanzas y Planeación, Juan Vergara Fernández, Orvañanos Rea detalló que otra actividad es tener una mejor plataforma de logística de puertos, es de decir reactivar la actividad portuaria no sólo de cruceros sino de movilidad de mercancías; también se buscará que Quintana Roo sea una potencia en el desarrollo de nuevas tecnologías y aplicaciones digitales y como prioridad se promoverán inversiones en energías renovables, como la energía eólica”.
Entre el 24 y el 25 de enero –fecha en la que vencía el plazo y, en efecto, el plan fue publicado–, detallábamos en este espacio que para concretar la diversificación económica en el estado entre las acciones más importantes estarían establecer por fin un recinto fiscalizado estratégico en Chetumal, concretamente en la nueva aduana con Belice, la ampliación del aeropuerto internacional de la capital y abrir una salida al mar en la Bahía. Hemos comentado también la importancia de reactivar el viejo proyecto de la escalera náutica planteado hace más de tres lustros por el también medio oculto superasesor joaquinista Juan de la Luz Enríquez Kanfachi.
Sabemos que muy pronto se anunciarán el dragado del Canal de Zaragoza, que une a la Bahía de Chetumal con el mar Caribe, la ampliación del aeropuerto sureño, la construcción del recinto fiscalizado adyacente a la aduana del nuevo puente internacional con Belice, amén de que se buscará otorgarle al muelle de Punta Venado –que ya no pertenece a la empresa privada Calica– una verdadera dimensión de puerto de altura y logístico, al tiempo que se reactivará la abandonada concesión del desarrollo de ese mismo perfil comercial internacional en Puerto Morelos.
Calladito, calladito, pues luego del plato a la boca se cae la sopa, pero el otro plan, el de las acciones completas, parece que ahora sí va caminando. Esperemos.
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