Quienes saben de estrategia electoral aseguran que los últimos tres días de campaña son los que provocan el mayor impacto en los electores; es decir, cuando los aún indecisos se definen por uno de los candidatos, y los que ya saben por quién votar lo confirman en este “periodo de reflexión”, que arrancará mañana 4 de junio. 
Desde este jueves, entonces, la ley prohíbe persuadir con publicidad para propiciar esa necesaria libertad, la cual no solo aplica a candidatos, partidos y organizaciones políticas, sino a observadores electorales, autoridades, servidores públicos, notarios, concesionarios de prensa, radio y televisión, organizaciones sindicales y patronales, así como a ministros de culto.
Para muchos resulta innecesario con ese único motivo, porque ya tienen decidido su voto. Otra vez el abstencionismo es el enemigo a vencer; siguen presentes los que promueven el voto nulo y el voto blanco, y muchos deciden en el último suspiro, en la soledad de la urna,al intentar acordarse del candidato y los favores concedidos. Los representantes de estos movimientos son mayoría, según los pronósticos de las autoridades en la materia y de los mismos actores. Y este es un serio problema, no un posible riesgo.
Aunado a ello, la reforma electoral obligó a desarrollar un proselitismo atípico, con infinidad de prohibiciones, lo cual profundizó el desencanto a las de por sí desangeladas estrategias de casi todos los contendientes, salvo dignas excepciones. Por ello, para unos significa un alivio, tras tantas acusaciones y descalificaciones, las cuales fueron más llamativas a falta de propuestas novedosas, debates o movilizaciones ejemplares.
Lo rescatable de estas limitaciones es que se evita informaciones que desorienten a los electores mediante la colocación de propaganda, el llamado al voto en favor de un candidato, partido o alianza, la difusión de publicidad gubernamentalyla divulgación de preferencias o de encuestas, que pueden buscar otro fin, no solo fortalecer a uno, sino perjudicar a otros.
Las únicas excepciones son las relacionadas con información electoral de las autoridades competentes, así como las de servicio educativo, de salud o de protección civil en caso de emergencia, lo cual debe respetarse en una época y un Estado marcado por las tres temáticas mencionadas.
Miles de ciudadanos están desilusionados de la política en general hace varios procesos electorales, por lo que tres o cuatro días son insuficientes para convencerlos de un proyecto que en realidad persiga cambiar su vida, como tal vez sueñan en el ejercicio reflexivo.
No podemos exigir a un candidato que sea experto en todos los temas, pero debemos optar por alguien que garantice el mayor bienestar posible para toda la población, no solamente para quienes sufragaron por él o ella.
Debido a lo anterior, el mayor reto de los próximos legisladores comienza ahora, cuando tienen que ganar con solvencia, con la legalidad necesaria y afianzarse con entera legitimidad; cuando el aparato de gobierno se transforma casi en su totalidad gracias a todas las disposiciones del Ejecutivo federal, como el Plan Nacional Anticorrupción, clave para los políticos de todos los colores.
En un país donde la descomposición por la corrupción es la primera preocupación, se torna fundamental la promoción de mejores leyes, la revisión rigurosa de las cuentas públicas, así como la capacidad de citar a comparecer a los distintos servidores, funciones clave de los que han de gobernar próximamente.
Ya decidido el voto, nuestra tarea continúa, pues el principal compromiso de los elegidos debe ser no olvidar que su poder es delegado por el pueblo para que se utilice en su beneficio, y esa tareales corresponde vigilarla a todos los ciudadanos.
