La falta de certeza jurídica es una de las quejas más recurrentes de los internos, lo cual puede gatillar sobrepoblación, hacinamiento, autogobierno, riñas y motines. La duda mata. Más en un contexto hostil.
Las autoridades de los tres niveles y los tres poderes han realizado un esfuerzo preventivo considerable, desde leyes y programas para incrementar la confianza entre policías y ciudadanos, hasta la inversión en infraestructura deportiva que representa para los jóvenes una opción de evitar el ocio, los vicios y la delincuencia. Pero eso, por sí solo, no ha sido suficiente.
Por lo mismo se decidió trabajar de lleno en los recintos. El Instituto de la Defensoría Pública, dirigido por Lino Magos Acevedo, encabeza una campaña notable para agilizar los procesos penales de quienes han cometido delitos menores, tienen buena conducta y muestren deseos de reinsertarse eficazmente en la sociedad, “porque uno de los factores que detonan conductas antisociales es la incertidumbre jurídica”, sostiene Magos Acevedo.
Este programa es reforzado por la Secretaría de Seguridad Pública, de Juan Pedro Mercader Rodríguez, y la Comisión estatal de Derechos Humanos, de Harley Sosa Guillén, con el propósito de obtener un análisis completo de la realidad penitenciaria y ofrecer así una solución más integral, contemplando además de la asesoría legal, la asistencia médica, la enseñanza académica, el aprendizaje de oficios y la terapia ocupacional.
El Instituto de la Defensoría ya presentó los primeros resultados favorables. Entre enero y los primeros días de marzo la tercera jornada arrojó 899 reos atendidos en la cárcel de Cancún: 489 en proceso de revisión, 77 apelaciones y 333 en ejecución. En tanto, 57 obtuvieron la libertad, que puede ser anticipada o condicionada según el caso. En el fondo, es un compromiso profundo al combatir la corrupción, la injusticia y la impunidad, tres de los peores males en el país.
Visto de esa forma, es una tarea que busca mucho más que hacer del sistema penitenciario un espacio óptimo de habitabilidad. Está pasando esa etapa en que los gobiernos no hacían nada para resolver los múltiples problemas porque no había incentivos y que, por el contrario, preferían mantener una rentable situación por sus poderosos estímulos. Bien por los avances.
La otra realidad
Hace unos días se divulgó el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria del ejercicio 2015, de acuerdo con el cual el Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Chetumal obtuvo una calificación general de 9.47.
El ombudsman Harley Sosa destacó que, entre los aspectos mejor evaluados, están: la integridad física y moral de los internos porque no hay sobrepoblación; el buen servicio de salud; una eficiente supervisión del centro; una efectiva prevención, así como una oportuna atención en casos de castigo.
El CEMA demostró garantizar una estancia digna, con un gimnasio nuevo que fomenta el deporte y la salud, además de un taller de cómputo equipado. En cuanto a las condiciones de gobernabilidad, sus titulares confirmaron que prevalecen la seguridad y la tranquilidad.
En agosto del año pasado, Ruth Villanueva Castilleja, de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, anticipó que el CEMA podía constituirse en una estancia de internamiento ejemplar en el ámbito nacional por dichas condiciones.
Los entendidos deberían recoger esta fórmula para intentar replicarla en las cárceles del estado. Se sabe que las circunstancias son diferentes, pero el fin último es el mismo: la readaptación.
