La instancia que se encarga de normar la conducta de los jueces en Quintana Roo es el Consejo de la Judicatura que preside Marisol Balado Esquiliano, y que a la fecha realiza su labor con imparcialidad. Para el ejercicio de sus funciones goza de independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.
Por ley, este Consejo es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación; además, debe velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial y por la independencia e imparcialidad de sus miembros.
En ese contexto, un ciudadano quintanarroense se interpuso una queja dentro de la causa penal 112/2017, donde se solicita forme instructivo de responsabilidad en contra de la jueza tercero penal de primera instancia, Noemí Zenaida Martínez Sánchez, así como en contra de su secretario de acuerdos, Tayde Heredia Rivero.
El oficio va dirigido a la presidente del H. Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en la ciudad de Cancún.
El quejoso, José Germán Sergio M. C, asegura que el 19 de septiembre de este año, existió una comparecencia dentro de la causa penal 112/2017, donde los indiciados José Enrique Z. V. y Yoselin N. R. rindieron su declaración preparatoria, por un presunto delito de fraude y la declaración solo duró 10 minutos, dio inicio a las 11:30 de la mañana y concluyó a las 11:40 am.
Según se argumenta, se escribieron cinco hojas de ambos lados, con una precisión técnica jurídica de los indiciados y de los testigos, lo que es casi imposible hacer, aunque se cuente con una velocidad para escribir, como nunca antes visto. Hay sospecha que las declaraciones de los indiciados, como de los dos testigos, fueron elaboradas con antelación, y que con este acto la juez Noemí Zenaida Martínez Sánchez dejó a un lado los principios de lealtad, honradez, imparcialidad y equidad consustanciales a toda resolución en la impartición de justicia, con la que se supone debería proceder la juzgadora.
Según el quejoso, esta acción es verdaderamente ofensiva, que pone en duda la buena fe, honorabilidad, y sana aplicación de la justicia, pues resulta claro que en este caso se violó, no solamente el debido proceso legal, sino también la garantía de legalidad jurídica y de la estricta observancia de la ley, razón por la cual se apela la intervención de la honorable presidenta del Consejo de la Judicatura en la búsqueda de que se le haga justicia, y se intervenga en el asunto.
No se vale que se manche el buen trabajo de los demás jueces por intereses personales de esta juzgadora.
SASCAB
A propósito, el Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Quintana Roo, José Antonio León Ruiz solicitó a los diputados de la XV Legislatura un presupuesto de 837 millones de pesos para 2018, que incluye 92 millones de pesos para asumir la justicia laboral, después de la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje a partir del 1 de enero próximo.
Ya está planchado, pues fue cabildeado con el Consejo de la Judicatura, mismo que fue votado por el pleno y entregado al Congreso del Estado el 20 de octubre pasado. Ya en detalle, 745 millones será el total ordinario, sin considerar la justicia laboral; de ese recurso si no sufre modificaciones por los diputados, 30 millones serían para obras, de las cuales 10 millones serán para construir un nuevo Centro de Convivencia Familiar Supervisada en Cancún.
También urge nombrar más jueces de justicia laboral, pues mientras Chetumal atiende 2 mil asuntos, Cancún lleva 4 mil, con la expectativa de llegar a los 5 mil. Tan sólo en Playa del Carmen existen mil 600 asuntos en proceso.
Ojalá todos los integrantes del TSJ puedan apoyar para que las metas trazadas para el 2018 se puedan cumplir.
