Durante muchos años el empleo de niños y adolescentes era común en la zafra. A San Rafael de Pucté llegaban menores procedentes del sureste, e incluso de Guatemala y otros países centroamericanos. Pese a representar una fuerza disminuida, con ellos se ahorraban dinero y espacio los patrones: al acompañante adulto le pagan día y medio por la producción de ambos, a quienes retenían en galeras cual esclavos.
Se fue limitando su participación gracias a inspecciones, leyes y recomendaciones en torno a los derechos humanos, más aún desde que la reforma constitucional prohibió dar trabajo a menores de 15, y restringió a quienes tienen entre 15 y 17 años. Visto desde el ángulo de los productores, fue un duro golpe.
Pero nuevamente pretenden la contratación, lo cual debe interpretarse como una alerta debido a diversos motivos, sobre todo porque desconocen ante cuál instancia se solicita el permiso laboral, y en esa “confusión” pudieran escudarse u ocultar sencillamente que ocupan a menores en ciertas faenas.
Ante la próxima temporada de zafra en la Ribera del Río Hondo, se sabe que algunos representantes quieren contratar mano de obra barata -considerada la de estos menores-, y han solicitado autorización a la Comisión de los Derechos Humanos; sin embargo, el organismo no tiene facultades para la expedición de dichos permisos, pues le compete única y exclusivamente a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
De acuerdo con la ley federal, hay condiciones legales para que los menores de entre 15 y 17 años puedan obtener una autorización para laborar, siempre y cuando cumplan los requisitos estipulados. El asunto es que, a la fecha, no hay peticiones formales de los empleadores, sólo de empresas, tiendas de autoservicio y oficinas administrativas, en las que 70% son de varones y el resto de mujeres en edad permitida, aseguran en la dependencia de Patricio de la Peña Ruiz de Chávez.
A la Comisión de Harley Sosa Guillén le compete vigilar que se respeten los derechos humanos, incluyendo los de niños y niñas, por tanto se tiene la obligación de observar para que este grupo de población no sea explotado para el corte de caña o cualquier otra condición que ponga en riesgo su integridad.
Según diagnósticos del organismo, en la zona cañera niños de 8 años aún trabajaban con sus padres en el corte bajo condiciones deplorables; por tanto, es urgente que todas las autoridades multipliquen los esfuerzos para salvaguardar sus derechos.
En la Secretaría del Trabajo responden que debido a las verificaciones en la Ribera se ha reducido el número de quejas y que son principalmente los hijos de cañeros quienes participan en la cosecha de vara dulce, lo cual es muy difícil castigar porque entre ellos no hay acusaciones formales. Pese a esto, falta información para las presuntas víctimas. En este sentido, el ombudsman recordó que instancias como el DIF estatal, la Secretaría del Trabajo y la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social informan a la población vulnerable, sobre todo en temporada de zafra, cuáles son sus derechos y las instituciones a las que pueden acudir en caso de peligro.
Es un tema que requiere atención especial. La ley no debe ser blanda cuando el posible delito es cometido por un familiar directo, como presuntamente es el caso. Tampoco cuando son contratados en otros estados. Se trata de aplicar la ley, de respetar los derechos humanos, no del uso de criterios benévolos ni de facilitarles la economía, aun cuando se entiende que pasan por un periodo de vacas flacas. Para eso hay programas y campañas. Informar con precisión y de manera completa o apoyarles con otros recursos del estado, les servirá más a los cañeros y a sus familias que ignorar un riesgo potencial.
