El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, aseguró que ante actos de militares que vulneren el respeto de los derechos humanos, las normas jurídicas, la moral o la disciplina, la justicia procederá “con rigor y contundencia”.
Acatamos estrictamente la ley fundamental del país y las que de ella emanan, nos regimos por las leyes federales y del orden común y las especializadas de la jurisdicción militar comento”.
En medio del respaldo que el gobierno federal ha dado al Ejército como pieza clave en la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, se presentan serios cuestionamientos y críticas tanto a nivel nacional como internacional en torno a la justicia militar, los abusos cometidos por elementos del Ejército en contra de la población civil y las violaciones a los derechos humanos.
Se confirma así que la injerencia militar en tareas de seguridad pública constituye una amenaza para la vigencia de los derechos humanos en el país, cabe resaltar que no ha habido por parte de la CNDH un pronunciamiento contundente sobre la extensión del fuero militar a los casos en que elementos castrenses perpetran delitos graves del orden común contra civiles en actos de servicio, a pesar de que ello es contrario a los estándares internacionales de protección a los derechos humanos comprometidos por México.
Los abusos militares de los años recientes han estado vinculados en la mayoría de los casos a la participación del Ejército en los operativos diseñados para combatir a la delincuencia organizada, pero también han ocurrido violaciones a derechos humanos cometidas contra comunidades indígenas y grupos de migrantes indocumentados. Basta recordar el caso de Ernestina Ascencio, una indígena nahua de Zongolica, Veracruz, quien antes de morir señaló como perpetradores de la tortura y violación tumultuaria de la que fue víctima a miembros del Ejército.
En los últimos 10 años los tribunales militares no han dictado ni una sola condena a un miembro del Ejército acusado de violar los derechos humanos.
El caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por miembros del Ejército en 1974, ha obligado al gobierno mexicano ha comparecer 35 años después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Involucrar a Fuerzas Armadas en seguridad pública, el origen de los abusos militares
La mayoría de las violaciones a derechos humanos a cargo de elementos de la Sedena y la Semar ocurren en contextos en donde estas autoridades ostentan actividades de seguridad pública.
El hecho de que los militares no están entrenados para las labores de seguridad pública que requieren del uso racional de la fuerza, sino más bien bajo una lógica de confrontación directa. Por ello, apunta, la primera actuación del Estado mexicano en aras de aportar positivamente en el tema debe ser la total desvinculación de las Fuerzas Armadas de estas labores.
