El combate a la corrupción es uno de los temas que más interesan a la sociedad. La corrupción la cera la dignidad de la sociedad en su conjunto porque impacta la calidad de vida: se dejan de hacer obras de infraestructura; de construyen menos escuelas y menos hospitales, la seguridad pública no recibe atención ni apoyo, y todo el tejido social se degrada.
La corrupción no afecta sólo a los dineros y al patrimonio público. No se puede medir sólo por los recursos públicos que se sustraen. No sólo por los bienes públicos que se malbaratan en beneficio de amigos, socios y parientes. No sólo eso. También golpea la autoestima de la comunidad al sentir que sus autoridades en lugar de servirla se dedican al latrocinio y la depredación.
La corrupción del gobierno de Roberto Borge cansó a la sociedad. Ese hartazgo social llevó a la victoria a Carlos Joaquín González. El compromiso esencial del gobernador es el combate a la corrupción y encabezar un gobierno transparente y eficaz, al servicio de la gente.
Destrabar la maquinaria de la corrupción no ha sido fácil, no sólo por las resistencias sino porque desmantelar ese perverso entramado jurídico y político significó una operación política que ha afectado intereses, algunos con presencia en diversas áreas de la vida pública y privada. Pero se han dado significativos avances en esa lucha sin cuartel. Los resultados están a la vista.
Esta tarea dura y hasta riesgosa ha sido reconocida por la Central de Inteligencia Política. Carlos Joaquín González está entre los primeros lugares de aceptación y valoración ciudadana. De los 32 mandatarios de las entidades federativas del país, Carlos Joaquín ocupa el cuarto lugar. Un valoración privilegiada, sin duda.
La opinión de la ciudadanía es positiva porque reconoce el esfuerzo para combatir la corrupción, pero también para construir un gobierno que escuche y atienda a la gente, utilizando de manera óptima los recursos públicos.
El filósofo Fernando Savater define: “La corrupción consiste en aprovechar la preeminencia social que otorga un cargo público en beneficio propio —personal o partidista— en lugar de en servicio de la comunidad.
Desmontar la maquinaria de la corrupción y la impunidad requiere de un amplio apoyo social. La gente valora y reconoce el combate a la corrupción, así como un nuevo estilo de gobernar basado en la transparencia.
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