RACIÓN DE “BETO” A LA PRENSA

En una conferencia de prensa que tuvo más tinte de impacto mediático que informativo, el secretario de la Gestión Pública del estado, Rafael del Pozo, secundó ayer en la Ciudad de México las acusaciones que por la mañana adelantara su jefe el gobernador, Carlos Joaquín, en el programa de Loret de Mola en Televisa, en contra de su antecesor Roberto Borge por presuntamente rematar terrenos propiedad del estado a familiares y amigos.

Si fue una estrategia del gobierno joaquinista para aprovechar la resonancia que desde el centro del país garantizan estos temas de combate y castigo a políticos corruptos, pues hay que reconocerles que ésta fue bien jugada. El efecto se logró con creces y los medios nacionales le dieron vuelo –¡vaya que lo hicieron!– a la noticia de que, por fin, el actual gobierno de Quintana Roo había fincado responsabilidad penal a Borge, a quien no pocos quintanarroenses desean ver con el uniforme de rayas.

Pero si de sustentar con pruebas y argumentos la denuncia se trataba, la conferencia de Del Pozo dejó muchas interrogantes en el aire que, por estar fuera de su ámbito habitual, los representantes de medios nacionales no percibieron y se limitaron a emitir la noticia en el estricto sentido en que se las dieron, sin abundar más en los “datos duros” que, más conocedora en la materia, la prensa quintanarroense seguramente no hubiese pasado por alto ni se hubiera reprimido en preguntárselos al exponente.

No se trata de defender lo indefendible, pues por supuesto que “Beto” Borge tiene varias cosas qué explicar en este espinoso tema –como en muchos otros– del supuesto remate de predios propiedad del estado a precios irrisorios a su parentela y a sus más cercanos cuates, pero tampoco se trata de que digiramos sin arcadas la información que nos cucharearon a dos mil kilómetros de distancia de donde radican quienes, se supone, deberían ser los primeros en ser informados de estas acciones: los quintanarroenses.

Bien por la decisión de que por fin el gobierno de Carlos Joaquín haya pasado de las amenazas simples a los hechos concretos, a lo que la gente le viene exigiendo desde la campaña, y entabló la primera demanda penal ante la PGR para que ésta investigue y proceda donde se deba. La autoridad federal ya está enterada y, en consecuencia, no tiene otra cosa más que echarle ganas y aplicar justicia.

Pero nos hubiese gustado que Del Pozo, algo que no hizo en la CDMX, hubiese aportado datos más concretos de las supuestas auditorías que practicaron a la administración pasada, como los nombres de los beneficiarios de ese escandaloso reparto agrario borgista, extensiones de los terrenos vendidos, ubicación y precios que pagaron por cada uno, a dónde quedó el dinero obtenido, revertirán o no los procesos para la devolución de las tierras, entre otras dudas más que, junto con un acre sabor de boca, nos dejó su muy distante conferencia de prensa.

Contrario al mensaje enviado al trasladar al centro del país la notificación de un hecho que interesa y atañe más que a nadie a los quintanarroenses, la prensa local también está ávida de noticias que aclaren muchas cosas: desde el desaseo financiero que el nuevo gobierno sostiene que hubo en el pasado, hasta las dudas enraizadas sobre el refinanciamiento de la deuda pública, que también es tema local de mucho interés para los habitantes del estado que, de eso, también piden su ración.